El pasado 8 de abril de 2024, en San Ignacio de Velasco, funcionarios municipales de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, junto con la madre de una menor, se llevaron a la fuerza a una niña de 8 años sin previo aviso ni justificación. La menor, que se encontraba en la Unidad Educativa Carmen Retor, logró escapar hacia la dirección escolar para buscar ayuda en el primer intento. «La niña estaba aterrada, nadie sabía qué estaba ocurriendo», relató un testigo del incidente.
Daly Guzmán, directora de la Dirección de Género Generacional y Familia del Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio de Velasco, y Juanito Añez, abuelo materno de la menor y funcionario de la misma repartición, fueron señalados como responsables de este hecho, acompañados por la madre, Carla Patricia Añez Figueroa. Según la denuncia del padre, no se proporcionaron razones claras para este retiro forzoso. «La Defensoría está para proteger a los menores, no para intimidarlos», reclamó.
La custodia de una menor de 8 años en San Ignacio de Velasco ha generado polémica tras la intervención de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. El caso comenzó en 2022 cuando la niña, junto a su hermana, presentó signos de abandono y descuido por parte de su madre, lo que fue advertido por autoridades escolares. “Las niñas llegaban con piojos y sarnas. La situación era alarmante”, señaló un docente que prefirió no ser identificado.
El acuerdo entre los padres estableció que una de las niñas viviría con el padre y la otra con la madre, con responsabilidades compartidas en cuanto a su manutención y educación. Sin embargo, en abril de 2024, funcionarios municipales, junto a la madre y el abuelo materno, se lo llevaron a la menor del colegio sin una orden judicial clara, lo que generó tensión en el lugar. “La niña tuvo que correr a la dirección para evitar que la llevaran a la fuerza”, explicó el padre.
El padre de la niña explicó que tras el incidente, fue citado a la Defensoría junto con la menor para una entrevista psicológica. Sin embargo, hasta la fecha, el informe solicitado por el padre sobre la evaluación psicológica de su hija no ha sido entregado. «He pedido el informe tres veces, incluso con copia al alcalde Rudy Dorado, pero no he obtenido respuesta», señaló el padre, visiblemente molesto por la falta de transparencia.
El caso ha generado indignación en la comunidad educativa, ya que la niña relató haber sido maltratada verbalmente por la directora Guzmán, quien la minimizó llamándola «Showsera». «Es inadmisible que una autoridad encargada de proteger a los niños actúe de esa manera», comentó un profesor del colegio.
Además, el juez Miguel Borjas ordenó a la directora de la Defensoría, entregar el informe psicológico, pero hasta el momento no ha habido cumplimiento. La abogada del padre, Patricia Patiño, denunció un abuso de poder y la falta de seguimiento en la protección de los derechos de la menor.
Este hecho pone en tela de juicio el rol de la Dirección de Género Generacional y Familia, en la protección infantil. «Lo que más preocupa es que no se está respetando el interés superior de la niña, que debería ser prioridad», agregó Patiño, quien exige una revisión del caso por parte de las autoridades judiciales competentes.
El padre sigue buscando respuestas y asegura que no permitirá que se vulneren los derechos de su hija. «Mi hija no es un objeto, es un ser humano con derechos. Exijo justicia para ella», concluyó.
