Una investigación defensorial evidenció deficiencias y limitaciones en el servicio que brindan las inspectorías laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, lo que afecta el cumplimiento de los derechos de las y los trabajadores, situación que se ve reflejada en la actual coyuntura de emergencia sanitaria que vive el país, que recibió denuncias sobre despidos ilegales que no merecieron respuesta por parte de esa cartera ministerial.
“La institución registró denuncias sobre despidos en el sector público y privado durante la actual emergencia sanitaria, no obstante que el Gobierno emitió disposiciones que prohibían aquello; las personas afectadas no recibieron la respuesta que esperaban por lo que acudieron a esta entidad”, manifestó la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.
Durante el periodo de cuarentena y emergencia sanitaria, la Defensoría del Pueblo recibió un total de 587 denuncias sobre vulneración de derechos laborales, la mayoría por afectar la inamovilidad y estabilidad laboral (239); salario justo (124); derecho a un empleo digno (61); acoso laboral y/o sexual (49); vacación remunerada (32); seguridad industrial e higiene y salud ocupacional (29); limitación a la jornada de trabajo (12) y otros beneficios laborales (35).
Las denuncias, en su mayoría, fueron presentadas contra instituciones estatales del nivel central, departamental y municipal; entidades descentralizadas, además de sector privado y personas particulares, en los que tienen competencia las inspectorías laborales.
Cruz, respecto al informe presentado este lunes, indicó que el trabajo realizado permitió evidenciar que los inspectores laborales, no sólo son insuficientes para atender las denuncias de las y los trabajadores del sector privado; también desconocen la norma reglamentaria que define las inspecciones, lo que les impide garantizar el cumplimiento de los derechos laborales, por lo se recomendó actualizar el Reglamento de la Inspección del Trabajo y dar cumplimiento a lo recomendado por la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la OIT.
La investigación defensorial también permitió advertir la falta de un sistema informático de control y registro de denuncias, inspecciones, consultas, la falta de ambientes de atención al público y espacios para el desarrollo de audiencias que garanticen privacidad, la falta de vehículos o medios de transporte lo cual dificulta que los Inspectores puedan llegar a localidades alejadas o zonas rurales de Bolivia, además de la falta de línea fija de teléfono que limita los medios de acceso a la información de los trabajadores y la falta de los insumos necesarios para las labores de inspección.
Estos elementos, remarcó la Defensora, se convierten en una barrera u obstáculo para el adecuado desarrollo de las actividades de los Inspectores, en desmedro de la población que ve sus derechos laborales vulnerados.
Por otro lado, el trabajo agrícola también se encuentra vigente y apacible a las inspecciones laborales; sin embargo, estas inspecciones agrícolas no cuentan con normativa específica que establezca procedimientos e instrumentos idóneos que permitan desarrollarlo a plenitud.
La intervención defensorial también observó que las Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo no cuentan con horarios de emergencia o turnos para la atención de casos relacionados a la explotación laboral o trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación, considerando que de las 25 jefaturas de trabajo existentes a nivel nacional, sólo cuatro oficinas cuentan con la habilitación de estos horarios especiales, lo que conlleva una limitada protección en algunos rubros.
Como resultados de estos y otros hallazgos descritos en el informe, la Defensoría del Pueblo concluye que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, desde la gestión 2016, no efectuó las gestiones para la aprobación del proyecto del Reglamento de la Inspección de Trabajo, normativa que requiere ser actualizada y contemplar los procedimientos para la atención de denuncias, consultas, inspecciones y procedimientos para las inspecciones agrícolas.
Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo emitió recomendaciones al Ministerio de Trabajo parta que actualice el Reglamento de la Inspección del Trabajo, implemente un sistema informático de control y registro que sea integral, unificado y en red a nivel nacional, que permita acceder a la información estadística y para el registro de información de denuncias, inspecciones, consultas; dote de equipos celulares digitales modernos con aplicativos a los inspectores de trabajo a nivel nacional, para la recolección de datos en tiempo real para agilizar los trámites.
La Institución Defensorial recomienda, además, incorporar en el Reglamento de la Inspección del Trabajo los principios específicos de la inspección laboral relacionados a la ética, independencia, confidencialidad e imparcialidad; ajustar el perfil del inspector de trabajo; incorporar el apoyo de peritos o técnicos calificados; regular los procedimientos de la conciliación; y la delimitación de sus alcances.
