El exalcalde de La Paz, Luis Revilla, enfrenta una serie de procesos ante el Ministerio Público y hoy el Juzgado Primero Anticorrupción lo declaró en rebeldía por su inasistencia a declarar en la audiencia cautelar por el caso del contrato firmado por su gestión con la empresa de aseo urbano Tersa.
Ante este hecho, la Dirección Jurídica de la Alcaldía de La Paz anunció que la etapa investigativa deberá proseguir hasta que la Fiscalía emita una acusación formal “y con eso ir a juicio hasta la sentencia, en este en caso en rebeldía, porque se trata de corrupción”.
Desde el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) se explicó que en ese contrato se firmó en condición de comodato, pero de manera irregular también “establece obligaciones de contenido patrimonial” desde la Alcaldía, “que son obligaciones económicas que el municipio debería cumplir a favor de la empresa Tersa”.
“La afectación que se ha dado es que primero se ha suscrito un contrato de comodato con la empresa Tersa sin cumplir ningún requisito previsto en norma vigente. Este contrato de comodato, que es de préstamo de uso, es un contrato que tiene la característica de no tener onerosidad, vale decir que no tiene establecido ninguna obligación de carácter patrimonial ni de disposición de recursos por parte del GAMLP. Sin embargo, este contrato suscrito por el entonces alcalde (Luis Revilla) tiene el defecto que establece obligaciones de contenido patrimonial por parte del Gobierno Municipal”, explica el reporte de la comuna paceña.
La imputación alcanza también al exdirector del Sistema de Regulación Municipal (Siremu) de La Paz, Rubén Darío Ledezma, quien acudió este lunes a la audiencia cautelar.
El exalcalde Revilla se declaró en la clandestinidad en enero de este año y desde entonces no se conoce su paradero.
Sobre su gestión también se abrió una investigación sobre el presunto sobreprecio en la adquisición de la primera flota de buses PumaKatari. De ese proceso se emitió un mandamiento de aprehensión que quedó pendiente a una definición judicial.
Revilla, en su último comunicado público, apuntó contra la Procuraduría General del Estado, por usar el caso de los buses municipales para perseguirlo a él y a su familia y así deslindar desviar la atención de la quema de dos garajes, ejecutados por el dirigente vecinal masista Jesús Vera, en noviembre de 2019.
“Acudiré a organismos internacionales para demostrar también como el Gobierno a través del procurador Wilfredo Chávez presiona a la justicia en contra de quienes no pensamos como su partido. De hecho, en este último proceso Chávez pidió mi aprehensión”, citó.
En abril de 2019, el todavía burgomaestre se presentó a declarar en la Fiscalía de La Paz en calidad de testigo ante una primera denuncia sobre el contrato firmado por la Alcaldía y la empresa Tratamiento Especializado de Residuos Sólidos y Servicios Ambientales (Tersa), por presunto favorecimiento desde el Concejo Municipal que tenía mayoría de militantes de la agrupación política Soberanía y Libertad (SOLBO).
