A pesar de la prohibición legal de realizar campaña electoral, candidatos a magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) han intensificado actividades proselitistas, generando críticas hacia la inacción del Tribunal Supremo Electoral (TSE). El diputado Juan José Torrez denunció que las autoridades electorales no están cumpliendo con su rol fiscalizador.
“Hemos impugnado a candidatos como Edwin Almendras y Marvin Molina, pero el TSE no ha actuado. Es preocupante esta falta de control”, declaró el legislador de Comunidad Ciudadana (CC) en entrevista con la ANF. Torrez remarcó que la campaña abierta de varios postulantes pone en duda la imparcialidad del proceso electoral.
La Agencia de Noticias Fides (ANF) revisó las redes sociales de los 127 candidatos y evidenció una variedad de actividades de campaña, como la entrega de calendarios, folletos, bolsas de coca, canastones y comida a sectores vulnerables. En uno de los casos, se denunció que en Toro Toro, Potosí, el candidato Marvin Molina realiza proselitismo abiertamente. «¿Qué dice el TSE?», cuestionó el periodista Andrés Gómez en un mensaje publicado en X, acompañado de fotografías de panfletos.
El vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi, explicó que el monitoreo de estas actividades está a cargo del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) y los tribunales electorales departamentales, quienes deben realizar un análisis antes de remitir informes a la Sala Plena. Sin embargo, no se han anunciado sanciones ni inhabilitaciones hasta el momento.
Casos recientes agravan la controversia. Durante la festividad de Todos Santos, una joven fue captada repartiendo bolsas de pan con folletos del candidato Ramiro Canedo en el Cementerio General de La Paz. Además, en la Universidad Salesiana de Bolivia, se organizó un seminario gratuito que incluyó la participación de los postulantes Orlando Rojas e Israel Campero, lo que fue denunciado como otra forma de campaña indirecta.
La Ley 026 de Régimen Electoral y el Reglamento de Difusión de Méritos prohíben cualquier propaganda dirigida a solicitar el voto o emitir opiniones en contra de otros postulantes. Estas restricciones, de ser incumplidas, podrían derivar en la inhabilitación de las candidaturas, algo que hasta ahora no ha sucedido.
Mientras el TSE guarda silencio, las denuncias se acumulan, poniendo en tela de juicio la transparencia del proceso electoral. «La falta de sanciones envía un mensaje de permisividad que perjudica la credibilidad del sistema electoral», advirtió Torrez, exigiendo acciones inmediatas.
