El Tribunal Supremo Electoral (TSE) enfrenta cuestionamientos por no sancionar a candidatos judiciales que incurren en propaganda prohibida, a pesar de las disposiciones legales vigentes. José Velasco, experto en temas electorales, explicó que la limitada lista de aspirantes sería un obstáculo para aplicar sanciones.
“Sancionar a un candidato con su inhabilitación podría modificar la papeleta, lo que pondría en riesgo la cantidad mínima de representación en algún departamento”, afirmó Velasco a la ANF. Sin embargo, subrayó que esta situación no debería justificar la inacción del TSE.
La Ley 026 de Régimen Electoral prohíbe a los postulantes realizar cualquier tipo de campaña o propaganda directa o indirecta. No obstante, en las últimas semanas, varios candidatos han sido señalados por infringir estas normas en busca de ventaja electoral en los comicios del próximo 15 de diciembre.
A esta problemática se suma la reciente decisión de la Sala Constitucional Cuarta, que declaró desierta la convocatoria a magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional en cinco departamentos, y ordenó repetirla en el Tribunal Supremo de Justicia de Beni y Pando. Esto ocurrió tras evidenciarse que postulantes reprobados fueron aprobados para cumplir cuotas mínimas de género y representación indígena.
Velasco recordó que en las elecciones judiciales de 2017 ya se habían detectado casos similares. “En esos comicios, a ningún candidato se le suspendió, a pesar de que existía propaganda política irregular”, enfatizó.
Por su parte, el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), dependiente del TSE, se comprometió a responder las denuncias, pero hasta el momento no se han tomado acciones concretas.
Las elecciones judiciales, implementadas tras la reforma constitucional del gobierno de Evo Morales, han enfrentado un rechazo constante de la población. Desde 2011, el voto nulo ha predominado en todas las consultas, lo que refleja el descontento ciudadano con este sistema.
“La falta de sanciones no solo afecta la transparencia del proceso, sino que refuerza el descontento social hacia un mecanismo que nunca logró la aceptación de la ciudadanía”, concluyó Velasco.
