Tras una extensa audiencia en el Tribunal Sexto de Sentencia de La Paz, se determinó la libertad pura y simple para Marco Antonio Pumari y la detención domiciliaria con salida laboral para Luis Fernando Camacho, en el marco del caso denominado Golpe de Estado I. La resolución fue asumida por unanimidad de los jueces, según confirmaron los abogados defensores.
El jurista Diego Gutiérrez, defensor de Pumari, destacó que lo único que deberá cumplir su cliente es presentarse ante el Ministerio Público de Potosí cuando sea convocado. “Esperamos que en las próximas horas se emita el mandamiento de libertad”, aseguró.
En el caso de Camacho, su abogado Martín Camacho detalló que se dispusieron medidas sustitutivas distintas a la detención preventiva: arraigo, pago de una fianza de Bs 100.000, presentación cada 15 días ante la Fiscalía y detención domiciliaria con salida laboral. Desde sus redes sociales, el gobernador cruceño expresó: “Este primer paso hacia la libertad se lo debo a nuestro pueblo, que eligió representantes judiciales comprometidos con recuperar el estado de derecho”.
El proceso conocido como Golpe de Estado I se relaciona con los hechos de violencia que derivaron en la renuncia de Evo Morales en 2019. La revisión se concretó tras un instructivo del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, que ordenó evaluar los plazos de detención preventiva.
Aunque Pumari celebró su liberación, aún enfrenta un proceso paralelo por la quema del TED de Potosí en noviembre de 2019, mientras que Camacho debe encarar otra audiencia virtual este miércoles por el paro de 36 días en Santa Cruz en 2022, una medida de presión para adelantar el Censo de Población y Vivienda.
El fallo fue recibido con entusiasmo por líderes opositores. Samuel Doria Medina consideró la decisión como un momento “importante para la historia democrática de Bolivia”. En la misma línea, Tuto Quiroga celebró: “Sigamos adelante y recordemos que cuando hay justicia, hay esperanza para todos”.
La expresidenta Jeanine Áñez, procesada en el caso Senkata, sostuvo que “los defensores de la democracia no debimos jamás ser secuestrados ni encarcelados”, acusando al gobierno de Evo Morales de haber desplegado “una persecución política y judicial implacable”.
Finalmente, el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, afirmó que este es el inicio de un “cambio histórico” y pidió la liberación de más de 200 presos políticos, además de sanciones para jueces y fiscales que “se prestaron a la represión”. “La democracia solo será plena cuando haya libertad para los inocentes y castigo para los culpables”, enfatizó.
