La Fiscalía de Oruro y el DACI de la FELCC reventaron una de las redes de falsificación más peligrosas de los últimos años, una mafia que operaba desde dentro de instituciones públicas, fabricando folios reales, sellos oficiales y títulos profesionales con precisión quirúrgica y absoluta impunidad. El caso estalló cuando un ciudadano descubrió que su documentación había sido manipulada en Derechos Reales, abriendo un agujero por el que salió a la luz una estructura criminal de gran alcance.
El Fiscal Departamental, Aldo Morales Alconini, confirmó que la red tenía acceso directo a información y materiales exclusivos del Estado. “Esto no es falsificación común; es infiltración institucional”, afirmó con dureza. El operativo del 18 de noviembre permitió allanar varios inmuebles y evidenció que la organización trabajaba como una verdadera fábrica de documentos ilegales, equipada para producir material “indistinguible” del original.
La fiscal Patricia Araoz reveló el arsenal incautado: casi 100 sellos engomados de instituciones públicas, un sello seco oficial, folios reales en blanco, planos adulterados, títulos falsificados y documentación lista para estafar a cualquier ciudadano. “Estamos hablando de un taller altamente profesionalizado. Nada aquí era artesanal. Esto era operación criminal de alto nivel”, sentenció.
El hallazgo más explosivo fue la detención de una funcionaria de Derechos Reales, en cuyo domicilio se encontraron folios reales intactos. Con eso quedó claro el corazón del problema: la red tenía gente adentro, con acceso directo al material más sensible del Estado. “Aquí hubo complicidad interna. Punto”, afirmó Morales.
Las primeras investigaciones muestran que la mafia ofrecía documentos “perfectos” a cambio de dinero, ejecutando fraudes en transferencias, trámites y certificaciones con total confianza en su infraestructura criminal. “Estamos frente a un golpe directo a la fe pública. Es una organización que dañó a decenas, quizá cientos de ciudadanos”, añadió la Fiscalía.
Los investigadores describen la estructura como una cadena de producción criminal que funcionaba por etapas: captación de víctimas, adulteración de documentación, impresión de material oficial y validación con sellos auténticos. Todo esto sugiere que la red no solo operaba en Oruro, sino que podría tener vínculos en otras regiones.
La Fiscalía continúa tomando declaraciones y ampliando la línea de investigación para determinar cuántos funcionarios están involucrados, cuántas instituciones fueron infiltradas y cuántas víctimas quedaron atrapadas en esta telaraña criminal. Las pruebas apuntan a una organización con niveles de coordinación y protección poco comunes.
Las autoridades aseguran que la investigación no se detendrá. “Vamos a llegar al fondo. Esta red no solo será desmantelada: será expuesta”, advirtió Morales, al anunciar nuevas acciones junto a la FELCC y otras entidades del Estado.
