A pocos días de las elecciones generales del 17 de agosto, cientos de bolivianos en el exilio mantienen la esperanza de que un cambio político abra las puertas para su retorno, con garantías judiciales y respeto al debido proceso. Entre ellos están el exalcalde de La Paz, Luis Revilla Herrero, y el exministro Hugo Carvajal Donoso, quienes desde diferentes puntos del mundo reclaman una reforma profunda en la administración de justicia.
Revilla, acusado por presunto sobreprecio en la compra de los buses PumaKatari, vive fuera del país desde 2022. Asegura que su regreso no depende de una amnistía, sino de que los tribunales actúen con imparcialidad. “No se trata de anular casos, sino de que se consideren las pruebas, los descargos y los documentos que tenemos para demostrar nuestra inocencia”, afirmó.
El exalcalde advierte que la crisis boliviana no es solo económica, sino también institucional y moral. “Es necesario reconstruir las instituciones que se han venido abajo estos últimos años”, remarcó. Aunque desde el exterior logró estabilizarse con proyectos de vivienda popular, reconoce el alto costo humano: “Dejé a mi hija mayor y a mi madre en Bolivia. Es un desarraigo muy duro que comparten miles de compatriotas”.
En España, Hugo Carvajal vive bajo asilo político otorgado por la ONG Asociación Comisión Católica Española de Migraciones (ACCEM) desde 2009. Afirma que su salida fue consecuencia de un proceso judicial con motivaciones políticas. “No eludo un proceso, pero quiero un tribunal independiente, sin amaño ni presión”, expresó.
Carvajal coincide con Revilla en que la democracia solo podrá fortalecerse si se reforma a fondo la justicia, devolviendo credibilidad a las instituciones y permitiendo el regreso de los exiliados.
El exministro también advierte que el expresidente Evo Morales “no está derrotado” y que podría reorientar su influencia hacia las próximas elecciones subnacionales, “buscando control territorial en gobernaciones y municipios”.
Para ambos, la cita electoral del 17 de agosto no solo definirá un nuevo gobierno, sino también la posibilidad de que cientos de bolivianos dispersos por el mundo vuelvan a su país con la certeza de que serán escuchados y juzgados de manera justa.
El anhelo común de estos exiliados se resume en una meta: recuperar el derecho a vivir y luchar por Bolivia desde su propia tierra.
