La crisis ecológica en Bolivia ha alcanzado un punto crítico en 2024, con más de 10 millones de hectáreas arrasadas por incendios y deforestación, según datos de Fundación Tierra y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Esta cifra, que incluye 5,8 millones de hectáreas de bosques, refleja una catástrofe ambiental sin precedentes en la historia moderna del país. “Este no es un evento aislado; es la continuación de una tendencia que nos lleva hacia un punto de inflexión irreversible”, señaló un representante de Fundación Tierra.
Los incendios de este año afectaron a cerca de 88,000 familias rurales, lo que equivale a más de 350,000 personas que han visto sus medios de vida gravemente impactados. El Viceministerio de Defensa Civil informó que la ayuda humanitaria brindada hasta ahora es insuficiente, con un promedio de Bs 56 por familia afectada. “Esta cifra es vergonzosa para un país que debería priorizar a sus comunidades rurales”, afirmó un activista de derechos ambientales.
En respuesta a las críticas, el ministro de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer, inicialmente desestimó los datos de Fundación Tierra, calificándolos de “alarmistas”. Sin embargo, el INRA confirmó posteriormente que las hectáreas quemadas superaban los 9 millones, exponiendo una aparente falta de transparencia gubernamental en la actualización de informes oficiales. “Este manejo de la información parece ser un intento de minimizar la gravedad del desastre”, agregó el activista.
Las políticas públicas en favor del agronegocio son señaladas como una de las causas principales de esta devastación. Recientes decretos supremos impulsan la producción de monocultivos y reducen impuestos para agroquímicos, lo cual incentiva la expansión descontrolada del sector agroindustrial en áreas naturales. Gonzalo Colque, analista ambiental, advirtió que “estas medidas no solo fomentan la deforestación, sino que además debilitan la seguridad alimentaria y la salud de la población”.
En paralelo, el gobierno aprobó el Decreto Supremo 5241, permitiendo a actores responsables de incendios y desmontes reprogramar sus préstamos. Esto ha sido visto como una forma de apoyar al agronegocio en detrimento de las comunidades afectadas. “Este incentivo es preocupante, pues favorece a los grandes responsables de la destrucción de nuestros bosques”, aseguró un representante de CEDLA.
Las organizaciones ambientales han denunciado que esta crisis no es casual y exigen un cambio estructural en las políticas de desarrollo. Para el activista de CEDLA, “no bastan parches legislativos; necesitamos replantear el modelo de desarrollo para priorizar a las comunidades indígenas y campesinas y proteger nuestros ecosistemas”. Actualmente, el proyecto de Ley 240, que se votará en el Senado, propone medidas más estrictas contra el desmonte y los incendios, una acción que varios sectores consideran vital.
Este colapso ecológico, según expertos, es una advertencia clara para que el país asuma medidas urgentes. Sin embargo, la reciente aprobación de transgénicos y el aumento en la producción de soya y azúcar solo acentúan la tensión ambiental. En palabras de un defensor ambiental: “Si no actuamos ahora, esta generación será recordada por entregar el futuro del país en nombre de un modelo insostenible”.
