La drástica reducción en los ingresos por la venta de gas es la principal causa de la falta de dólares en Bolivia. Entre 2015 y 2023, el país pasó de recibir $us 5.489 millones a solo $us 1.700 millones, debido al agotamiento de los pozos gasíferos y la falta de inversión en exploración.
Además de la crisis energética, expertos advierten que la ausencia de un modelo económico diversificado y la corrupción gubernamental han impedido una solución estructural. “No se tomaron medidas para reemplazar los ingresos del gas, y hoy enfrentamos escasez de combustible y el alza de precios en productos básicos”, señala un economista consultado.
Ante esta situación, diversos sectores proponen medidas urgentes para estabilizar la economía. Una de ellas es que el Estado tome mayor control sobre la explotación minera, ya que en 2022 las exportaciones del sector generaron $us 6.761 millones, pero el país solo percibió el 6% de esos ingresos. “El oro es un caso crítico: de $us 3.000 millones exportados por cooperativistas, solo se tributaron $us 65 millones”, indica un informe del sector.
Otro punto clave es el control del comercio exterior. En 2022, Bolivia exportó $us 13.604 millones, pero gran parte de esas ganancias no ingresaron al país, generando un déficit de divisas. “Los exportadores deben cumplir con el retorno de capitales y aportar a la estabilidad económica”, sugieren analistas.
El contrabando es otro factor que profundiza la crisis. Se estima que esta actividad ilegal genera pérdidas de $us 2.300 millones anuales, afectando la industria nacional. “El ingreso masivo de productos extranjeros está destruyendo la producción boliviana y generando más desempleo”, advierte un informe de la Cámara de Industria y Comercio.
A nivel político, se propone una reducción de sueldos y la eliminación de beneficios para altos funcionarios. Los gastos del Legislativo ascienden a Bs. 70 millones al año, pero con ajustes salariales y la eliminación de rentas vitalicias, se podría ahorrar $us 10 millones anuales.
Finalmente, diversas voces exigen la incautación de bienes y auditorías a políticos involucrados en corrupción. Según estimaciones preliminares, el daño económico causado por irregularidades en las últimas décadas es millonario. “Es urgente recuperar esos recursos para el país”, afirman sectores ciudadanos.
Mientras la crisis se agudiza, expertos advierten que si no se aplican reformas estructurales inmediatas, la economía boliviana continuará en caída libre, con efectos devastadores para la población.
