El asesinato de Francisco Marupa, indígena Leco y defensor del territorio, ha conmocionado a su comunidad en Apolo, La Paz. Su muerte, ocurrida tras años de asedio por parte de grupos ilegales, ha sido denunciada por las organizaciones indígenas como parte de un ataque sistemático contra quienes resisten la minería ilegal en el Parque Nacional Madidi.
«No solo mataron a un indígena Leco, también mataron a un defensor de la naturaleza, de nuestra madre tierra», expresó en un comunicado la Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo (CIPLA). Su cuerpo fue encontrado el viernes en su chaco, en las márgenes del río Hondo, tras haber sido visto por última vez el miércoles. Los agresores habrían escapado en su propia lancha.
Según Dionicio Gutiérrez, capitán grande del Territorio Indígena Originario (TCO) del Pueblo Leco, el crimen ocurre en un contexto de violencia creciente en la zona. «Han quemado casas, desalojado familias y destruido cultivos. La denuncia ya está en la Fiscalía de Apolo», denunció. Señaló que los responsables serían traficantes de tierras y mineros ilegales que han solicitado licencias a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).
A pesar de que el Parque Nacional Madidi es un área protegida, Gutiérrez denunció que los mineros ya han comenzado a operar en la zona, sin que exista una intervención efectiva del Estado. «El extractivismo está avanzando, destruyendo nuestro territorio y poniendo en riesgo nuestras vidas», advirtió.
Ante este escenario, la Central Indígena del Pueblo Leco ha enviado cartas al presidente Luis Arce, al vicepresidente David Choquehuanca y otras autoridades, exigiendo una investigación inmediata del asesinato de Marupa y sanciones contra «las mafias criminales que están detrás de estos hechos». También demandaron garantías estatales para la protección del pueblo Leco y sus recursos naturales.
El vicepresidente de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), Lino Illimuri, aseguró que el crimen está relacionado con el avance de la minería ilegal. «Hay múltiples solicitudes para explotar la zona. Nuestra organización está impulsando acciones legales para frenar este atropello», declaró.
En un pronunciamiento público, la CPILAP repudió el asesinato y exigió justicia. «Exigimos a las autoridades actuar de inmediato y proteger a nuestros hermanos indígenas, verdaderos defensores de la naturaleza», señalaron en sus redes sociales.
El cuerpo de Marupa fue trasladado a Reyes para realizar la autopsia que determinará las causas exactas de su muerte. Mientras tanto, la Fiscalía y la Policía han iniciado investigaciones, aunque las comunidades indígenas temen que la impunidad prevalezca si el Estado no asume una postura firme ante el avance de las mafias en sus territorios.
