Arminda Méndez Terrazas, candidata al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por Santa Cruz, negó haber financiado los bloqueos en el municipio de Mairana y calificó las acusaciones en su contra como una “guerra sucia” para afectar su candidatura. En una entrevista telefónica con DTV, Méndez admitió haber viajado a Mairana hace dos meses y medio como parte de su campaña, donde presentó su candidatura y abordó la Ley 348 y temas de discriminación con organizaciones sociales, pero rechazó categóricamente cualquier vínculo con el financiamiento de bloqueos.
La polémica surgió cuando, en un operativo policial en Mairana, se encontró material de propaganda de Méndez en el vehículo de Gilbert Tapia, concejal local y uno de los 17 detenidos durante el desbloqueo de la ruta hacia Cochabamba. Las autoridades locales han señalado este hallazgo como indicio de una posible conexión de la candidata con las protestas.
Méndez aseguró que sus visitas a Mairana fueron exclusivamente para socializar leyes y hacer campaña de manera pacífica. «Esto no tiene ninguna relación con el financiamiento de bloqueos. La acusación es absurda y parte de una guerra sucia contra mi candidatura», declaró a DTV. En cuanto a su relación con el concejal Tapia, la candidata indicó que, debido a su rol como figura pública, interactúa con muchas personas y no recordaba si había tenido contacto reciente con él.
Consultada sobre la presencia de su propaganda en el vehículo de Tapia, Méndez se mostró sorprendida y reafirmó que su campaña no está involucrada en actos ilegales. “No controlo dónde termina mi material de campaña; esta acusación es un intento de ensuciar mi nombre justo en esta etapa electoral”, sostuvo.
Las autoridades han anunciado que se realizarán investigaciones para esclarecer si la candidata tuvo alguna participación en los bloqueos que afectan el tránsito y la actividad económica en la región. Según Méndez, las acusaciones buscan dañar su imagen en la recta final de la campaña.
A medida que se acerca la fecha de las elecciones judiciales, la polémica en torno a Méndez agrega un elemento de tensión al proceso, poniendo bajo la lupa a los candidatos y sus posibles vínculos con sectores en conflicto.
