El pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó este martes el informe final que presentó la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Adquisición de Respiradores, Insumos y Equipos de la Lucha contra el Covid-19 y determinó remitir una copia a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que inicie las acciones penales por corrupción contra autoridades y exautoridades del Gobierno.
El presidente de esa comisión, Ciro Zabala, denunció que las autoridades del Gobierno transitorio obstaculizaron el trabajo de investigación porque se mostraron “renuentes” para brindar información sobre ese caso.
“Hemos presentado el informe oficial de la Comisión Mixta Especial sobre el tema de respiradores e insumos que fueron adquiridos por la pandemia, hicimos una revisión total de al menos 12.000 documentos (…), establecimos el cómo y el cuándo de quienes deben ser investigados”, explicó a los periodistas.
Se comprobó una flagrante corrupción en la compra de los respiradores, constatado una compra con sobreprecio y que además no son aptos para el manejo de la pandemia del coronavirus, además que la compra fue financiada sin autorización de la ALP con recursos provenientes de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que estaba destinado al programa de mejora en la accesibilidad a los servicios de salud materna y neonatal en Bolivia, dijo.
El Senador aseguró que el proceso de contratación fue direccionando por el Ejecutivo, que los trámites de recepción y desaduanización fueron hechos de manera ilegal para el traslado de los respiradores, que “en realidad son resucitadores” y que “nunca encontramos donde están los 170 equipos, solo averiguamos que hay 75 equipos”.
En el caso de la Caja Nacional de Salud se detectó presuntos actos de corrupción en los procesos de contratación, “el único producto que se compró sin sobreprecio para la pandemia es el alcohol en gel, después todo se compró con sobreprecio”, dijo en la sesión plenaria.
Oxígeno medicinal
Otro de los casos investigados por la comisión fue el desabastecimiento de oxígeno medicinal, que se produjo desde el mes de mayo «y no solamente en agosto» con la movilización de algunos sectores sociales. Esa situación ocasionó la muerte de varias personas, además afirmó que la compra directa del líquido medicinal benefició a la empresa Praxair, a pesar de tener múltiples juicios por monopolio y conducta antieconómica.
Respiradores chinos
En el caso respiradores chinos de la empresa Yueshen Med, el legislador rememoró que se develaron irregularidades porque el Ministerio de Salud brindó información falsa y de encubrimiento, además se evidenció fallas en el funcionamiento de los equipos chinos comprados por el gobierno, “ya que estos no sirven y no cumplen las condiciones de atención en terapia intensiva”.
“Luchemos para erradicar la mentira y la corrupción eso hace daño al país, eso es lo que nos ha destruido, luchemos contra la corrupción (…), la mentira destruye países y la corrupción se come países”, subrayó.
El pleno de la ALP resolvió aprobar el informe final y encomendó a la unidad jurídica de la presidencia legislativa iniciar acciones legales contra todas las autoridades, servidores públicos y exautoridades que omitieron responder a los requerimientos realizados por la comisión.
Asimismo, encomendó a la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores enviar el informe del caso respiradores a la Comisión Interamericana Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional, instancias a las que acudió el Gobierno transitorio para denunciar con argumentos falsos crímenes de lesa humanidad la supuesta falta de oxígeno.
Copia a la Fiscalía
También resolvió remitir una copia del informe final a la Fiscalía General del Estado para que inicie acciones contra las autoridades y exautoridades; a la Fiscalía de Distrito de La Paz para que amplíe la investigación; y a la Contraloría para que realice auditorias especiales y supervisión.
Además, recomendó al Ministerio de Economía dar el presupuesto solicitado por la Contraloría para realizar los trabajos encomendados y encargó a la Cámara de Diputados iniciar el procedimiento legislativo para el tratamiento de un proyecto de ley de ejercicio de supervisión, acceso a la documentación dentro del control gubernamental.
