La crisis política y social que atraviesa Bolivia escaló este fin de semana a un nivel inédito tras la difusión de un video en el que un grupo de hombres encapuchados, portando armas de fuego de grueso calibre, se autodenomina “milicia armada del pueblo” y lanza amenazas directas contra el Gobierno, efectivos policiales y militares.
El material audiovisual, que comenzó a circular masivamente en redes sociales, muestra a individuos con los rostros cubiertos y armamento visible. En el mensaje, los encapuchados advierten al presidente Rodrigo Paz y a las fuerzas del orden que responderán con violencia ante cualquier acción que consideren represiva contra los sectores movilizados. “En caso de más represión, nos obligaremos a responder con la misma fuerza y pagar con la misma moneda”, señala uno de los voceros del grupo.
Las amenazas no se limitaron a las autoridades. En el mismo video, los sujetos dirigieron un mensaje a policías y militares, advirtiendo que incluso sus familiares podrían convertirse en objetivos. “Vamos a localizar las casas y viviendas de sus familias. Están corriendo riesgo”, afirman, antes de realizar varios disparos al aire en una aparente demostración de poder de fuego.
La aparición de este grupo ocurre pocas horas después de los violentos enfrentamientos registrados durante el operativo de desbloqueo en San Julián, donde policías y civiles resultaron heridos por impactos de bala. Imágenes captadas por medios de comunicación y ciudadanos también mostraron a personas armadas desplazándose en motocicletas y vehículos durante los disturbios.
El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel David Gómez, confirmó que las evidencias sobre el uso de armas de fuego forman parte de las investigaciones en curso. “Se realizarán los peritajes correspondientes para identificar a los responsables y determinar el origen de los disparos”, señaló la autoridad policial tras los enfrentamientos que dejaron varios uniformados heridos.
Las reacciones no tardaron en llegar. La presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, María René Álvarez, sostuvo que la situación ha dejado de ser una simple protesta social. “Ya no se trata de una movilización legítima, sino de una organización criminal perfectamente coordinada que busca sembrar luto en Santa Cruz”, declaró, exigiendo acciones inmediatas para restablecer la seguridad.
En la misma línea, el vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, calificó el video como una “declaración de guerra” contra el Estado boliviano. “Hoy hay grupos organizados que disparan contra uniformados con armas de guerra. Esto no puede ser tratado como un hecho aislado”, afirmó, al tiempo de solicitar investigaciones para identificar a quienes financian y respaldan estas estructuras armadas.
La preocupación también fue reflejada por la Defensoría del Pueblo, que este domingo confirmó que durante los enfrentamientos en San Julián se evidenció la presencia de grupos de choque y actores paraestatales, además del uso de armas de fuego y explosivos. La institución reportó un saldo de 33 personas heridas, entre ellas siete policías y 26 civiles, y exhortó al Ministerio Público a desarrollar una investigación objetiva y transparente. Mientras tanto, la difusión del video ha profundizado la alarma nacional y reabierto el debate sobre la presencia de grupos armados en medio de la creciente conflictividad que atraviesa el país.
