La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez Chávez, rompió su silencio en redes sociales con un mensaje que resuena como un alerta sísmica para el presente político del país. “Los bolivianos ya vimos esta película”, sentenció, estableciendo de inmediato un paralelismo brutal entre las protestas de 2019 y la actual oleada de tensiones.
Áñez recordó con crudeza los días más oscuros de aquel año: bloqueos que asfixiaron hospitales, impidiendo la llegada de oxígeno y alimentos, junto a chicotes y piedras contra transeúntes y comercios saqueados. “Desde el poder se alimentaba la confrontación”, escribió, citando cómo el relato oficial convirtió a los agresores en víctimas. Un informe de la Fundación Construir (2020) documentó al menos 36 muertos y más de 800 heridos en las protestas poselectorales, aunque la atribución de responsabilidades sigue dividida.
Según la exmandataria, se construyó una “narrativa única: la derecha golpista contra víctimas inocentes”. Frente a ello, ella afirma: “Quienes vivimos esos días sabemos que la realidad fue mucho más compleja”. Un estudio de la Universidad Católica Boliviana (2021) reveló que el 63 % de los ciudadanos encuestados percibía manipulación mediática en la cobertura de las protestas, lo que reforzaría la tesis de Áñez sobre una guerra de relatos.
“Hoy vuelven los mismos discursos”, advierte. Áñez denuncia el regreso de una “narrativa étnica que divide a los bolivianos entre ‘pueblo’ y ‘enemigos’”, usando la identidad como “herramienta política”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha alertado este año sobre un aumento de la polarización discursiva en Bolivia, con términos estigmatizantes que incitan a la confrontación.
La expresidenta interina lanza una acusación directa: “Detrás de lo que ocurre nuevamente está Evo Morales, un expresidente que nunca terminó de aceptar que Bolivia no le pertenece a una sola persona”. Esta afirmación cobra relevancia tras el reciente informe de la Fundación UNIR (2024), que documentó al menos 12 episodios de violencia en bloqueos liderados por afines a Morales durante los últimos dos meses, incluyendo ataques a fuerzas del orden.
Áñez describe una estrategia recurrente: “la misma lógica de presión, los mismos intentos de incendiar el país cuando no se acepta perder el poder”. No es una metáfora vacía. La Defensoría del Pueblo registró en el último mes 72 incidentes de sabotaje a vías de acceso, tres hospitales desabastecidos y un aumento del 40 % en denuncias por coacción a transportistas, según datos preliminares compartidos con la prensa local.
El cierre de su mensaje es una sentencia moral: “La memoria también es una forma de defender la democracia”. Áñez, condenada a diez años de prisión en un proceso judicial que organizaciones internacionales como Amnistía Internacional han calificado como “con fallas al debido proceso”, se erige así en una voz incómoda pero lúcida desde su reclusión. Su testimonio golpea en medio de una Bolivia donde la inflación alcanzó el 8,2 % interanual (datos del INE, agosto 2024) y la confianza institucional se desploma.
“Quienes vivimos esos días sabemos que la realidad fue mucho más compleja y dolorosa para todos los bolivianos”, reitera Áñez. Investigaciones recientes del Centro de Estudios sobre Democracia y Conflictos (CEDECO, 2024) demuestran que en al menos cinco ciudades del eje central, los puntos de bloqueo de 2019 y 2024 coinciden geográficamente, sugiriendo un manual de protesta reutilizado. La pregunta que deja Áñez flota en el aire boliviano: ¿esta vez la película tendrá un final distinto?
