La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) encendió las alarmas a nivel nacional al denunciar públicamente la falta de control técnico sobre la calidad de la gasolina en Bolivia, advirtiendo que el problema ya está generando un impacto directo en la economía y en miles de usuarios. La institución cuestiona el silencio de las autoridades y exige respuestas urgentes.
La casa superior de estudios reveló que han pasado más de dos meses sin una acción concreta del Gobierno ni de YPFB, pese a la creciente evidencia de fallas en el combustible. “El número de vehículos afectados continúa incrementándose”, señala el pronunciamiento, alertando que los talleres mecánicos ya están sobrepasados por la demanda.
El problema no es menor. Reportes recientes indican que un alto porcentaje de vehículos que ingresan a talleres presentan fallas vinculadas a la mala calidad del combustible, lo que confirma la magnitud de la crisis. A esto se suman pérdidas económicas significativas que afectan tanto a transportistas como a ciudadanos particulares.
La UMSA es contundente: la gasolina defectuosa debe ser devuelta y no “corregida”. En su postura técnica, sostiene que aceptar combustibles fuera de norma vulnera estándares nacionales e internacionales. “El producto que no cumple requisitos debe ser devuelto o reemplazado”, enfatiza el documento institucional.
Expertos respaldan esta posición. Desde el ámbito académico se advierte que una gasolina de calidad no requiere aditivos ni correcciones posteriores, ya que debe cumplir parámetros técnicos desde su origen. Esto refuerza la hipótesis de fallas en la cadena de suministro o almacenamiento.
Además, el trasfondo del problema revela decisiones críticas: los controles técnicos independientes habrían sido suspendidos en gestiones recientes, dejando un vacío en la verificación de la calidad del combustible. “Desconocemos si se realizaron controles continuos en los últimos años”, se advierte, evidenciando una preocupante falta de fiscalización.
La universidad también cuestiona duramente la gestión estatal, calificándola de “poco clara y desordenada”, y advierte que las consecuencias podrían ser de largo plazo. “Esto dejará secuelas en el parque automotor y en la economía nacional”, sostiene el pronunciamiento.
Ante este escenario, la UMSA exige medidas inmediatas: controles rigurosos, transparencia en los resultados y responsabilidades claras para los proveedores. Asimismo, plantea implementar un sistema de verificación independiente bajo estándares internacionales.
Finalmente, la institución reafirma su disposición a asumir un rol técnico clave, proponiendo un control de calidad de tercera parte que garantice la confiabilidad del combustible. En medio de una crisis que ya golpea al país, la advertencia es clara: sin control, el problema podría escalar aún más y afectar a toda Bolivia.
