La candidata a la Alcaldía de Chulumani, Danitza Quintanilla, denunció públicamente que su habilitación continúa en la incertidumbre por lo que califica como una “retardación injustificada” del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en un proceso que —según afirma— vulnera sus derechos políticos y los de la población del municipio yungueño.
“Mientras no tengamos la última palabra del Tribunal Supremo Electoral, seguimos en carrera”, declaró Quintanilla a Gaceta del Sur, quien asegura haber presentado toda la documentación requerida el 24 de diciembre a través del delegado de su organización política. Sin embargo, el 9 de enero fue notificada con su inhabilitación por la supuesta falta de dos certificados: uno de idioma y otro de residencia.
La candidata sostiene que dichos documentos fueron posteriormente adjuntados mediante apelación. Aun así, el 9 de febrero recibió una nueva resolución que ratificaba su inhabilitación. Desde entonces —afirma— comenzó un “viacrucis administrativo” marcado por demoras, silencio institucional y ausencia de respuestas formales.
“El tribunal no responde. No me dicen si mi recurso extraordinario fue aceptado o rechazado. Mi resolución simplemente no existe”, denunció, en referencia a al recurso de Revisión Extraordinaria Reg. No.1802 del 4 de febrero, que asegura no le fue entregada oficialmente. Según su versión, otros candidatos sí fueron incluidos en listas posteriores de habilitados tras revisiones extraordinarias.
La situación se agrava, señala, porque el Tribunal Electoral Departamental de La Paz carecería actualmente de vocales en funciones. “¿Cómo es posible que en plena etapa electoral no tengamos árbitros? Es como jugar un mundial sin jueces”, cuestionó, al denunciar que sus solicitudes de acceso a documentación fueron rechazadas bajo el argumento de que no hay autoridades competentes para responder.
Especialistas en derecho electoral consultados por este medio advierten que la falta de respuesta dentro de plazos razonables puede configurar una vulneración al derecho constitucional a ser elegido, protegido por la Constitución Política del Estado y por estándares internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Organizaciones como la Fundación Construir han alertado en anteriores procesos sobre riesgos de discrecionalidad y demoras en instancias electorales subnacionales.
Quintanilla afirma que el malestar no solo es personal, sino colectivo. “Hay frustración en mi plancha y en la población de Chulumani. No se está vulnerando solo mi derecho a ser elegida, sino el derecho del pueblo a elegir”, sostuvo, dejando abierta la posibilidad de iniciar acciones legales, incluso penales, si el TSE no emite una respuesta inmediata.
Hasta el cierre de esta edición, el Tribunal Supremo Electoral no se pronunció oficialmente sobre el caso. Entretanto, la candidatura permanece en un limbo que, en plena carrera electoral, suma tensión a un proceso que debería caracterizarse por certeza jurídica y transparencia institucional.
