El Decreto Supremo fija precios de hidrocarburos, incrementa salario mínimo, crea un bono extraordinario y otorga alivio crediticio para reactivar la economía familiar.
El presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, ha promulgado un Decreto Supremo de carácter integral y urgente para enfrentar lo que califica como «una crisis económica, financiera y social de carácter estructural y terminal, heredada del anterior gobierno». La norma busca atender emergencias en varios frentes: desde el desabastecimiento de combustibles hasta la protección del bolsillo de las familias más vulnerables.
En el ámbito de los hidrocarburos, el decreto establece y congela los precios finales al consumidor de una serie de derivados del petróleo. La gasolina especial se fija en Bs 6,96 por litro, el diesel oil en Bs 9,80 y la gasolina premium en Bs 11,00. El Gas Natural Vehicular (GNV) mantiene un precio de Bs 2,73 por metro cúbico. Esta medida responde, en parte, a un fallo del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que ordenó a Bolivia cesar la diferenciación de precios en la venta de combustibles por considerarla contraria al ordenamiento comunitario.
El documento señala que el modelo de subsidio anterior «demostró ser técnicamente insostenible», generando distorsiones de mercado y un contrabando estimado en el 40% de la oferta hacia países vecinos. «La política de precios subsidiados… creó un diferencial con países limítrofes de hasta el sesenta por ciento (60%), transformándolo en un incentivo perverso para redes de contrabando», detalla el decreto, vinculando esta situación con «graves hechos de corrupción» en YPFB.
Para proteger directamente a la población, el gobierno anuncia un paquete social robusto. Se incrementa el Bono «Juancto Pinto» de Bs 200 a Bs 300 anuales a partir de 2026 y se eleva la Renta Dignidad en Bs 150 para quienes no tienen aportes contributivos. La medida más destacada es la creación del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), un subsidio mensual de Bs 150 dirigido a mujeres beneficiarias del Bono Juana Azurduy, personas con discapacidad y padres de estudiantes de unidades educativas fiscales.
En el ámbito laboral, se decreta un aumento del Salario Mínimo Nacional a Bs 3.300, lo que representa un incremento del 20% respecto a 2025, con efecto retroactivo al 1 de enero de 2026. El decreto aclara que este piso es «inderogable» y reconoce la negociación salarial entre empleadores y trabajadores, siempre dentro del marco de la ley. Paralelamente, se ordena una racionalización de gastos en el sector público, prohibiendo nuevas contrataciones excepto en salud, educación y fuerzas del orden.
El decreto también otorga un alivio financiero inmediato a miles de familias y pequeños negocios. Se habilita un diferimiento automático por seis meses de los pagos de créditos de vivienda de interés social y créditos a micro y pequeñas empresas, previstos en la Ley N° 1670. «El diferimiento de cuotas no debe afectar la calificación de riesgo de los clientes financieros ni implicará mayores costos para estos», garantiza el texto, prohibiendo la capitalización de intereses durante la gracia.
Para incentivar la producción nacional, se reduce a 0% el gravamen arancelario hasta fin de 2026 para la importación de maquinaria y equipos destinados a industrias clave como la alimenticia, textil, metalúrgica y minera. Esta medida busca «apoyar al desarrollo económico productivo al sector campesino indígena originario y a pequeños y medianos productores».
Con la firma de Paz Pereira y todo su gabinete ministerial, el decreto deroga normas anteriores y establece plazos perentorios para su reglamentación, reflejando la urgencia de la situación. Las medidas pintan un escenario de corrección de distorsiones económicas heredadas combinado con un fuerte componente de protección social, en un intento del gobierno por estabilizar la economía y responder a la presión social en un contexto de crisis.
