El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) detonó este jueves un remezón institucional al ordenar el cese obligatorio de todos los magistrados prorrogados del propio TCP y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en un plazo máximo de diez días hábiles. La resolución, que ya es ejecutoriada, pone fin a un largo periodo de cuestionamientos y abre un nuevo pulso por el control del sistema judicial.
En su fallo, el TCP dispuso que las autoridades que continuaban en funciones sin nuevo mandato deben dejar sus cargos de forma inmediata dentro del plazo señalado. “La decisión es de cumplimiento obligatorio en todas sus partes”, detalló una fuente del Tribunal, subrayando que no existe margen para reinterpretaciones políticas.
El documento marca un quiebre en la narrativa de continuidad que sostenían varios magistrados desde 2023. El argumento de “autoprórroga por necesidad institucional” queda ahora desestimado por la propia instancia constitucional, que reafirma que ninguna autoridad puede permanecer en el cargo sin mandato vigente.
La resolución también intensifica la tensión con sectores que defendían la permanencia de los magistrados prorrogados. Un exautoridad judicial calificó el fallo como “un antes y un después”, afirmando: “El TCP ha reconocido que la prórroga fue insostenible. Ahora, el país tendrá que recomponer su justicia sin excusas”.
Dentro del ámbito político, la decisión generó sorpresa y preocupación. Analistas advierten que el retiro simultáneo de autoridades superiores del TCP y del TSJ puede provocar un vacío temporal de poder, obligando a la Asamblea Legislativa a acelerar definiciones que estuvieron estancadas por meses.
Sin embargo, constitucionalistas consideran que el fallo busca restaurar la legalidad perdida. “Se devuelve el principio básico de que ningún poder puede autoprolongarse. Esto restituye la independencia institucional”, sostuvo un experto consultado, destacando que la medida “llega tarde, pero llega”.
La orden del TCP también presiona al Ejecutivo y a la Asamblea para activar mecanismos inmediatos de transición. De no hacerlo, advierten especialistas, el país podría enfrentar una etapa de inestabilidad jurídica sin precedentes.
Mientras tanto, el país queda a la expectativa del cumplimiento estricto de la resolución. Lo cierto es que el mensaje del Tribunal ha sido contundente: “Se acabó la prórroga”.
