La situación en las cárceles de Bolivia ha alcanzado niveles alarmantes, reveló una reciente investigación de Luisa Chipana Ubaras. Desde 2015, la población penitenciaria ha crecido de 13.672 a 28.838 personas en 2023, lo que representa un incremento del 111%.
A finales de 2023, las cárceles bolivianas albergaban a 28.838 personas privadas de libertad (PPL), de las cuales 26.759 eran hombres, 1.917 mujeres y 162 con diferente orientación sexual. Este aumento ha llevado a un hacinamiento del 274%, considerado «crítico» según parámetros internacionales.
La situación legal de los internos también es preocupante. En 2015, solo el 31% de los PPL tenía sentencia, frente al 69% en detención preventiva. Para 2023, aunque hubo una mejora, aún el 63% de los PPL permanecen en detención preventiva sin sentencia, lo que indica un sistema judicial lento y sobrecargado.
Entre los hombres privados de libertad (HPL), el crecimiento de la población carcelaria ha sido notable. De 12.560 en 2015, aumentó a 26.759 en 2023. Los delitos más comunes han cambiado, con un aumento significativo en casos de violación y abuso sexual, que en 2023 constituyeron el 36% de los casos.
Las mujeres privadas de libertad (MPL) también han experimentado un incremento en su población, pasando de 1.112 en 2015 a 1.917 en 2023. El delito predominante entre ellas es el tráfico de sustancias controladas, con un incremento del 163% desde 2015, representando el 32% de los casos en 2023.
«La sobrepoblación carcelaria no solo refleja un sistema judicial deficiente, sino también una falta de políticas efectivas para prevenir el delito y rehabilitar a los infractores», comentó Chipana Ubaras en su informe. La situación de hacinamiento, según el estudio, ha alcanzado niveles que afectan gravemente las condiciones de vida y los derechos humanos de los internos.
El estudio, realizado por Chipana Ubaras subraya la necesidad urgente de reformas integrales en el sistema penitenciario y judicial boliviano.
“La falta de sentencia para la mayoría de los detenidos es un claro indicativo de la necesidad de agilizar los procesos judiciales y revisar las políticas de detención preventiva para evitar la saturación del sistema carcelario,” concluye el informe.
