El Congreso Plurinacional de Educación, realizado en Tarija, concluyó este viernes en un ambiente de críticas por la falta de avances sustanciales y el predominio de intereses políticos, según denunciaron diversos sectores. Más de 680 delegados analizaron durante la semana la Ley 070 «Avelino Siñani – Elizardo Pérez», vigente desde 2010.
Desde el inicio, el evento fue cuestionado por maestros urbanos, padres de familia y cívicos, quienes señalaron una «politización» en la organización y debates. “El Congreso debería enfocarse en solucionar problemas estructurales como presupuesto, infraestructura y actualización curricular. Sin embargo, parece dirigido a mantener el control político,” afirmó Irma Ríos, ejecutiva de la Federación de Trabajadores de Educación Urbana de Tarija.
Osmar Cabrera, secretario ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos de Santa Cruz, lamentó la resistencia a debatir cambios profundos en la normativa educativa. “Necesitamos inversiones reales en infraestructura, equipamiento y mallas curriculares. El oficialismo bloquea propuestas que podrían transformar verdaderamente la educación,” expresó.
Los padres de familia también manifestaron su descontento por la escasa representación en el evento. Franklin Arancibia, dirigente del sector, criticó que «solo 12 de los más de 600 delegados representan a los padres, mientras la mayoría son organizaciones alineadas al Gobierno».
El reconocido pedagogo Gualberto Tein Alanoca cuestionó la falta de participación de especialistas en el Congreso. “Es lamentable que organizaciones sociales y políticos afines al gobierno decidan el futuro de niños, excluyendo a profesionales independientes especializados para este tipo de debates,” subrayó.
Por su parte, el Ministerio de Educación defendió el proceso, asegurando que se trabajará en los próximos meses para implementar las conclusiones del Congreso. No obstante, los sectores críticos insisten en que los problemas estructurales del sistema educativo no han sido abordados con seriedad.
El cierre del Congreso deja un panorama incierto para la educación en Bolivia, con sectores exigiendo mayor inclusión, transparencia y soluciones concretas.
