El pasado viernes, el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción sentenció a 10 años de prisión a la exmandataria Jeanine Añez por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a las leyes dentro del caso “golpe de Estado II”, el cual se llevó por la vía ordinaria.
Dentro del proceso participaron los fiscales Omar Mejillones y Lupe Zabala, quienes en años anteriores contaban con un prontuario de denuncias por hechos de corrupción y extorsión.
Por ejemplo, en el caso del fiscal Mejillones, en junio del 2018 el Ministerio Público inició las investigaciones contra su persona por los delitos de extorsión y sobornos.
«Dentro del presente proceso penal seguido por el Ministerio Público de oficio en contra de Omar Mejillones y otro, por la supuesta comisión del delito de cohecho pasivo propio y otro del Código Penal», señalaba un requerimiento de recolección de indicios del Ministerio Público de esa gestión.
El denunciante era el exdiputado Rafael Quispe, quien en ese año presentó audios y fotografía contra el fiscal Mejillones.
«Ellos (la fiscalía) de oficio han abierto otro proceso en contra del fiscal Mejillones para decir que ellos estaban atentos, pero debe quedar claro que el fiscal Mejillones estaba extorsionando a un tal señor Claure, ya tiene un proceso abierto», señaló Quispe e indicó que el sindicado pidió entre 5 mil a 30 mil dólares a litigantes a cambio de realizar una anotación preventiva de bienes en el caso de la quiebra de una cooperativa financiera.
Dicha cooperativa era el “Buen Samaritano”, con sede en Santa Cruz, la víctima Sebastián Claure; sin embargo, Quispe dijo que en vez de ordenar la apertura de un proceso y detenerlo, el entonces fiscal Edwin Blanco, alertó a Mejillones para que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) no realice la acción.
En el caso de Lupe Zabala, en junio de 2019, junto a los fiscales Samuel Lima, Ronald Chávez, Mario Germán Rea y Willy Rojas, fue acusada de archivar sin mayor trámite ni investigación, la acusación que pesaba sobre dirigentes de la Federación Departamental de Choferes 1ro de Mayo, que recibieron en sus cuentas personales al menos 11,9 millones de Bolivianos provenientes de la recaudación por peaje en la autopista La Paz a El Alto.
“Vamos a iniciar acciones en contra de los fiscales que han manejado este proceso, porque no valoraron la documentación presentada y hay una clara acción de prevaricato. Hay una parcialización para proteger a estos dirigentes de choferes. La lección del día es que si eres corrupto y amigo del Gobierno nada te pasara y todos te protegerán”, afirmó el entonces diputado Wilson Santamaría en una entrevista con la Red Erbol.
El escándalo estalló cuando los Santamaría y Rafael Quispe interpusieron una denuncia penal por “apropiación indebida de bienes, malversación de fondos, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado”. Aunque el gobierno y los propios choferes reconocieron los hechos, los fiscales no investigaron nada, solamente argumentaron que no había “elementos constitutivos de los tipos penales endilgados por la parte denunciante y querellante que permitan fundar una eventual imputación”.
“Vamos a impulsar las sanciones disciplinarias y las denuncias en contra de estos fiscales que han manejado este proceso, porque se ha evidenciado que ha habido una lógica de protección y de favoritismo para quienes desfalcaron y despilfarraron un fondo que fue concebido para mejorar la salud de los transportistas, y que finalmente no cumplió su propósito”, sostuvo Santamaria.
