Este miércoles se cumplen dos años de la quema de 66 buses PumaKatari. La Alcaldía de La Paz observa que en este tiempo la Justicia se comportó de manera benévola con los principales acusados a quienes les favoreció con sobreseimiento y detención domiciliaria, como es el caso del exdirigente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de La Paz, Jesús Vera, que incumple la medida sustitutiva.
“En el caso de Jesús Vera, la jueza Claudia Castro emitió una orden que favorece al exdirigente con una salida laboral, con lo que cometió prevaricato y se denunció ese acto ante el Consejo de la Magistratura, pero esta instancia se inclina a favor de Vera y desestimó la denuncia, empero fue apelado y el caso se encuentra en Sucre actualmente; lamentablemente la justicia no actúa conforme al procedimiento penal establecido”, señala un reporte del equipo jurídico de la Alcaldía de La Paz.
La noche del 10 de noviembre de 2019, grupos violentos, luego de la renuncia a la Presidencia de Evo Morales, atacaron los patios de Chasquipampa, Pampahasi y Achumani con el saldo de 66 buses Pumakatari quemados con bombas molotov, oficinas destrozadas. El municipio de La Paz perdió 80 millones de bolivianos.
El equipo jurídico explica que la Justicia actúa con celeridad contra el alcalde Iván Arias, que tiene once procesos instaurados, entre mayo y noviembre; sin embargo, en contra de Vera los fiscales y jueces no actúan con la misma rapidez.
“La Justicia es muy benévola para esta persona (Vera) porque es afín al partido de Gobierno actual y utiliza a la Justicia para realizar estas artimañas. Se exhorta a las autoridades del Ministerio Publico y el Órgano Judicial realizar la debida diligencia porque en los casos que van en contra del alcalde de La Paz se actúa con celeridad, pero en otros casos como es la quema de buses no se le da la importancia ni la celeridad”, añade.
Detalla que hay dos casos abiertos por la quema de PumaKatari: la primera denuncia fue presentada el 11 de noviembre de 2019 en contra de los dirigentes de la Federación Departamental de Choferes 1 de Mayo de La Paz, Rubén Sánchez, Mario Silva Coya, Freddy Quispe Ontoja, Marco Bustillos Sánchez, Tomás Mamani y otros, por los delitos de destrucción o deterioro de bienes del Estado y riqueza nacional, organización criminal y daño calificado.
“En este caso están con sobreseimiento, es decir han sido imputados, pero el fiscal los ha sobreseído, se pretende tapar políticamente la quema de los buses PumaKatari y las pruebas están en los patios de Chasquipampa y Achumani”, agrega el equipo jurídico.
Una segunda denuncia fue presentada el 15 de noviembre de 2019, en contra del expresidente de la Fejuve, Jesús Vera Plata, por los delitos de organización criminal, instigación pública a delinquir, destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional y robo agravado.
“Este caso se encuentra con acusación formal emitida por el fiscal Omar Mejillones, titular de la investigación. El mismo se halla en fase de inicio de juicio oral y hace más de un mes se debería iniciar el juicio oral en contra de Vera por la quema de los 66 buses PumaKatari, sin embargo hay una dilación procesal y hasta el día de hoy no hay justicia desde noviembre de 2019 a dos años de la quema de los buses”, añade.
En septiembre de este año, la Dirección Jurídica de la Alcaldía de La Paz denunció que el exdirigente violó su detención domiciliaria desde el año pasado, cuando participó de un acto proselitista de su partido y también en las elecciones subnacionales, por lo que solicitó la modificación de las medidas sustitutivas.
“Se ha solicitado una primera revocatoria de detención domicilia, sin embargo el juez rechazó bajo el argumento de que la jueza Claudia Castro favoreció a Jesús Vera con salida laboral; sin embargo, como municipio se ha presentado una nueva solicitud de revocatoria a la detención domiciliaria aparente, porque tiene que estar en su casa, pero gracias al auto que emitió Castro, favoreció con una salida laboral, que no se cumple”, argumenta el equipo jurídico.
Añade que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) observó “fragilidad en la acusación” de la Fiscalía de La Paz contra los presuntos responsables por la quema de 66 buses PumaKatari y no agotó la búsqueda de evidencias para identificar a los culpables del hecho que ocurrió entre el 10 y 11 de noviembre de 2019, después de la renuncia de Evo Morales a la Presidencia.
“El Gobierno Municipal tiene la obligación legal y moral, como víctima realizar todas las acciones correspondientes y solicitará otras medidas cautelares a efectos de que se resguarde y que se garantice la sanción correspondiente, además se resarza el daño económico que haciende a más de 11,5 millones de dólares”, añade.
El equipo jurídico de la Alcaldía de La Paz asegura que el proceso no prescribe porque se trata de un caso de corrupción pública y dentro del plazo establecido de tres años se debe emitir la sentencia, toda vez que hay pruebas como grabaciones, declaraciones y documentos que dan credibilidad de que los sindicados participaron en la quema de los 66 buses.
“Los acusados no pueden decir que el hecho nunca ha existido para no investigar. Vera fue declarado rebelde en dos oportunidades, sin embargo a momento de hacer el trámite de mandamiento de aprehensión el juzgado no emite con la celeridad correspondiente y el sindicado burla a la justicia”, añade.
