La Plataforma Ciudadana por la Vida y la Familia responsabilizó a la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, a instituciones gubernamentales y a ONGs por la “condena a muerte” del bebe recién nacido de la niña de 11 años, que fue inducida a un aborto el sábado, en contra de la voluntad de la menor de edad y su madre.
“Con profunda consternación, dolor e impotencia, ante la cruel e inhumana sentencia de muerte a un ser inocente, cuyo infanticidio ha sido consumado, y frente a la puesta en riesgo de la vida de una menor con seis meses de gestación obligada a abortar”, señala parte del comunicado de la Plataforma.
La víspera, los abogados Néstor Higa y Yovani Cabello, que defienden a la mamá de la niña que fue inducida al aborto, denunciaron que la progenitora fue prácticamente secuestrada y perseguida por las autoridades para alejarla de su propia hija y someter a la menor de edad a un parto prematuro.
La familia espera un informe oficial de las autoridades jurídicas y médicas para conocer el estado de salud de la niña y del neonato. Este domingo se conoció por la Plataforma que el bebé bautizado preliminarmente con el nombre de José María, falleció luego de nacer. Las autoridades guardan silencio sobre el tema.
«Rechazamos enfáticamente este crimen planificado bajo coerción e impuesto por Instituciones gubernamentales y ONGs promotoras del aborto e impulsoras de una agenda anti-natalista, que han impuesto la finalización violenta, forzada y definitiva de la vida de un niño, en contra de la voluntad de la joven madre, el bebé y su tutora, la madre de la menor, a quien se le ha privado todo acceso para saber algo de su hija”, señala la Plataforma.
Asimismo, se lee en el texto, “rechazamos como sociedad civil, el perverso plan que ha sido ejecutado, para acabar con la vida de José María, el inocente con cuyo sacrificio se ha pretendido hacer pagar los actos de un depravado”.
Los activistas exigen se de curso a la condena definitiva del violador, de la niña de 11 años, que la dejó embarazada, del que hoy nada se habla. “La justicia debe caer con todo el peso de la ley para que nunca más pueda hacerle daño a ella o a otra persona”.
También condenan los actos cometidos por la Defensoría del Pueblo que, bajo directrices de Nadia Cruz, fue quien propició la “vulneración del libre consentimiento para poder continuar con el embarazo hasta que el niño tuviera condiciones de vivir”.
Señalan que el ordenamiento jurídico boliviano ampara la vida del niño prenacido, independientemente de la forma de su concepción, y que la Sentencia Constitucional 206/2014 confirma que el aborto “es un delito en la legislación boliviana, por lo tanto, ratifica que el aborto no es legal en Bolivia”.
“El Ministerio de Salud y la Defensoría del Pueblo, con cuestionable ética, traducen esta sentencia constitucional como una disposición que permitiría una ‘interrupción legal de embarazo’, término completamente equivocado, falaz y tendencioso”, cuestionan.
La Plataforma exige al Ministerio Público actuar de oficio en el caso y dar con los autores del “hecho punible, con el agravante de que quienes tenían que defender a la niña y a su bebé, han hecho todo lo contrario”.
