El coordinador del «Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE” de la Fundación General de la Universidad de Salamanca (España), Juan Manuel Corchado, reveló que es la primera vez que realizaron un análisis electoral de esa magnitud y que solo hicieron un análisis informático. La Fiscalía lanzó la convocatoria, evaluó y recomendó la adjudicación en tres días.
“Hemos hecho muchas pruebas periciales en el ámbito de muchos (otros) proyectos, pero en concreto sobre un proceso electoral es la primera vez que lo hacemos”, respondió Corchado a la Red Uno ante la consulta sobre si tenían experiencia en realizar pericias de esa naturaleza.
Explicó que sus dos colaboradores son investigadores contratados por la Fundación General de la Universidad de Salamanca (España) para el Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE, que ganó una licitación internacional.
Según el contrato suscrito entre la fiscalía general del Estado y la Fundación General Universidad Salamanca-España al que accedió la periodista Silvia Trigo, en la primera cláusula detalla la contratación de servicios para desarrollar la “Pericia de seguridad informática y administración de redes”, por comparación de ofertas.
Precisa que el 12 de abril de 2021 convocó a las personas jurídicas y naturales a presentar sus propuestas de acuerdo al documento base de contratación, en tres días, el 15 de ese mes se emitió el Informe de evaluación y recomendación y la comisión de calificación resolvió adjudicar el proceso a Juan Manuel Corchado, director del Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE” en representación de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, España, el 22 de abril se firmó el contrato.
En el formulario 400 compartido en el Sicoes, también se hace notar que el proveedor del servicio no presentó el certificado RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado)
Por otra parte, Corchado especificó que la pericia que realizaron fue netamente técnica y del ámbito informático del proceso electoral de Bolivia, que su trabajo no fue verificar las alteraciones o manipulaciones en las actas, tampoco la seguridad de la cadena de custodia, entre otros.
Detalló que se presentaron a la licitación internacional de la fiscalía general del Estado y que ganaron el proceso, y ratificó que el trabajo tuvo un costo de poco más de Bs. 200.000.
La Fiscalía ha sido blanco de críticas por pedir a la autoridad jurisdiccional el cierre del caso fraude electoral en base al informe del Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE, la oposición sostiene que es un trabajo parcializado, además, que las partes del proceso no fueron notificadas que se realizaría la pericia.
El informe del grupo de Salamanca concluye que no hubo manipulación del sistema informático y tampoco se direccionó para cambiar el voto para favorecer a un candidato en específico. Corchado reveló que hallaron más irregularidades que la Organización de Estados Americanos (OEA).
“Hemos identificado más irregularidades de las que aparecen en el informe de la OEA, pero (..) yo te puedo garantizar que no hemos identificado (…) nada que nos haga pensar que esos datos hayan sido voluntariamente manipulados. En mi opinión lo que debe quedar claro es que hemos detectado, anomalías y negligencias que no son propias de un proceso electoral”, indicó Corchado.
Reiteró que el estudio que realizaron fue netamente técnico. “Nuestro estudio no se metió, (como el de) la OEA en temas como si existe un patrón de manipulación, nosotros no hacemos un juicio político”, acotó.
Señaló que la OEA también habló sobre la cadena de custodia, actas manipuladas, firmas, pero la pericia que realizaron no se introdujo en esos ámbitos; además, aclaró que dentro de las competencias de la licitación que ganaron solamente constaba la realización de un trabajo técnico de la parte informática del proceso electoral.
Respecto a realizar un trabajo in situ, Corchado manifestó que sí es importante, pero en el caso en el que llevaron adelante trabajaron con toda la información existente y proporcionado por la Fiscalía. Consideró que son los mismos datos con las que contó la OEA.
Sobre las críticas a que dos estudiantes y un docente habrían realizado el trabajo de la pericia, Corchado respondió que son comentarios que se hacen sin saber. Informó que él es profesor de la Universidad de Salamanca y sus dos colaboradores, Pablo Plaza Martínez y Manuel López Pérez, son investigadores contratados por la Universidad.
