La administración de Donald Trump subió al 15% los aranceles para productos bolivianos que ingresan a Estados Unidos, endureciendo así su política comercial con países que no tienen acuerdos directos con Washington. La medida, oficializada el jueves 31 de julio, representa un golpe para el comercio exterior boliviano, que ya enfrentaba desafíos por la inestabilidad económica global.
Bolivia había sido incluida en abril con un arancel del 10%, pero la reciente acción ejecutiva del presidente norteamericano eleva esa carga al 15%. En la misma lista figuran otras naciones como Israel, Corea del Sur, Japón, Ecuador y Venezuela, todas afectadas por lo que la Casa Blanca calificó como una “revisión estratégica” de relaciones comerciales.
Hasta el momento, el gobierno de Luis Arce no ha emitido una posición oficial frente a este nuevo ajuste. No obstante, fuentes del área económica del Ejecutivo aseguraron que “se está preparando una respuesta técnica” ante la escalada arancelaria, sin descartar medidas de reciprocidad.
El contexto político añade una nota incómoda. En noviembre de 2024, el presidente Arce felicitó públicamente a Trump por su retorno a la Casa Blanca, destacando “el compromiso con la democracia del pueblo estadounidense”. Hoy, esa cortesía diplomática contrasta con una política comercial agresiva que afecta directamente a Bolivia.
Según el comunicado emitido por la Casa Blanca, la decisión de subir los aranceles responde a que “algunos países no mostraron voluntad de negociar acuerdos justos”. Otros, indica el informe, ofrecieron tratos que fueron considerados “insuficientes” por el equipo comercial de Estados Unidos.
La entrada en vigencia de los nuevos aranceles será el próximo 7 de agosto, en coincidencia con el segundo feriado nacional del mes por el Bicentenario de la fundación de Bolivia. Para exportadores bolivianos, esta medida podría significar la pérdida de competitividad en uno de los principales mercados internacionales.
Desde la visión del gobierno estadounidense, los aranceles “defienden la industria nacional, fortalecen la manufactura interna y protegen empleos”. Sin embargo, en Bolivia el efecto será inverso: menor ingreso de divisas y mayor presión para el sector exportador.
Los empresarios y gremios de exportación bolivianos no tardaron en expresar su preocupación. “Esto genera un entorno de incertidumbre para nuestras exportaciones y compromete inversiones a corto plazo”, indicó un vocero de la Cámara Nacional de Exportadores. Mientras tanto, el gobierno nacional tiene el reto de responder sin escalar el conflicto ni perder acceso a un mercado clave.
