A menos de un mes de las elecciones judiciales, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ha emitido una sentencia que deja sin efecto la elección de magistrados en cinco departamentos. La decisión fue anunciada por la Sala Cuarta del TCP y afecta las convocatorias en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Constitucional en las regiones afectadas.
La resolución declara desierta la convocatoria de magistrados del TSJ en los departamentos de Beni y Pando. A su vez, deja sin validez las elecciones de magistrados del Tribunal Constitucional en Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija, generando una nueva ola de incertidumbre sobre el proceso electoral judicial. «Es una decisión que interrumpe el curso planificado de los comicios,» comentó el diputado Marcelo Pedrazas, quien compartió el fallo.
El documento fue suscrito por los magistrados René Yván Espada Navía y Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, representantes de Pando y Beni, respectivamente. Su fallo exige que se emita una nueva convocatoria para los Órganos de Justicia en las regiones declaradas desiertas, dando un nuevo giro a un proceso ya complejo.
La determinación del TCP ha puesto en pausa el calendario electoral, al que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) había destinado recursos e insumos. La situación genera dudas sobre los plazos y el presupuesto invertido. «Ya teníamos avances importantes, y ahora debemos revalorar la situación,» expresó una fuente del TSE.
El Tribunal Supremo Electoral ya había solicitado al TCP que emitiera una resolución rápida para facilitar la realización de los comicios, dado que el tiempo para coordinar los procesos era limitado. «Es crucial que se emita una decisión que dé certidumbre a la población,» dijo un vocero del TSE antes del fallo.
A esta incertidumbre se suma la demanda de transparencia en la designación de los magistrados, una preocupación creciente en la ciudadanía. «La justicia es un tema delicado; la falta de claridad no beneficia a nadie,» comentó un analista político sobre el panorama actual.
Con esta decisión, los ciudadanos de los cinco departamentos afectados deberán esperar a una nueva convocatoria para elegir a sus magistrados, mientras se analizan los impactos y se clarifican las próximas acciones.
