Hasta el 18 de agosto, la ONG Foro Penal ha registrado 1,503 detenciones en Venezuela, ocurridas desde el 29 de julio, cuando comenzaron las protestas tras los controvertidos resultados electorales que otorgaron la victoria a Nicolás Maduro. La oposición, respaldada por actas, sostiene que Edmundo González ganó con el 67% de los votos, una afirmación apoyada por entes internacionales como el Centro Carter y la ONU.
De los detenidos, 129 son adolescentes entre 14 y 17 años, una cifra que ha aumentado en las últimas semanas a pesar de las denuncias nacionales e internacionales. “El régimen sigue reprimiendo, especialmente a los jóvenes, ignorando las condenas globales,” comentó un vocero de Foro Penal.
La situación de los detenidos es alarmante, especialmente para personas con discapacidades y enfermedades crónicas, quienes, según Foro Penal, están siendo privadas de atención médica adecuada. “Exigimos la liberación inmediata de los detenidos y atención médica urgente para aquellos con necesidades especiales,” demandó la organización.
La represión también ha afectado a las mujeres. Según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), 200 mujeres han sido detenidas desde el inicio de las protestas. En el Centro de Formación para Procesadas Femeninas «La Crisálidas» en Miranda, 70 mujeres enfrentan tratos inhumanos, como torturas físicas y psicológicas, y la negación de atención médica. “Están recluidas en celdas con condiciones indignas, donde se les niega incluso agua suficiente para su higiene,” denunció el OVP.
La situación de las mujeres detenidas ha generado una fuerte condena por parte de organizaciones de derechos humanos. Tejiendo Redes: Constructoras de Paz en Venezuela destacó el alto riesgo de abuso sexual que enfrentan estas mujeres durante su reclusión. «Es inaceptable el trato que están recibiendo. Exigimos que se respete su dignidad y que se garantice un trato humano,” expresó la ONG.
La criminalización y el maltrato de mujeres y adolescentes en Venezuela son una muestra de las fallas profundas en el sistema de justicia y protección de derechos en el país. «Lo que estamos viendo es un ataque sistemático contra los derechos fundamentales,» concluyó la Asociación Cauce en un comunicado que exige el cese inmediato de la violencia y la injusticia en Venezuela.
