La Gobernación de Santa Cruz, la región más grande y económicamente influyente de Bolivia, ha anunciado que no invitará al presidente Luis Arce a los actos oficiales de conmemoración del Día de la Libertad en el departamento. Esta decisión se debe a las tensiones y desacuerdos generados por la detención del gobernador opositor Luis Fernando Camacho.
Efraín Suárez, asesor de Gestión de la Gobernación de Santa Cruz, explicó que no es posible invitar a actos protocolares a alguien, ya sea presidente o no, que ha atacado al departamento y al gobierno autónomo departamental. Suárez enfatizó que Camacho está detenido en el penal de Chonchocoro en La Paz «no por un delito», sino por defender la democracia y los votos de los bolivianos, que finalmente permitieron que Arce asumiera la Presidencia.
El próximo 24 de septiembre, Santa Cruz conmemorará los 213 años de la revuelta en esa región contra la corona española. Sin embargo, la detención de Camacho en diciembre de 2022, en un operativo policial controvertido, ha desencadenado tensiones en la región y provocado protestas.
Camacho, un opositor, está siendo investigado en el caso conocido como «golpe de Estado I» relacionado con la crisis política y social de 2019. Mientras el Gobierno de Arce sostiene que en 2019 hubo un «golpe de Estado» contra el entonces presidente Evo Morales, la oposición argumenta que las protestas surgieron debido a un fraude electoral en su favor.
La defensa de Camacho ha advertido sobre la precaria situación de salud del gobernador, quien padece síndrome de Churg-Strauss, una enfermedad que inflama los vasos sanguíneos y afecta el sistema inmunológico. Camacho necesita atención médica constante y una medicación especial que no está recibiendo adecuadamente en prisión.
Además de las tensiones entre Santa Cruz y el Gobierno nacional, el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) también enfrenta conflictos internos. El expresidente Evo Morales ha acusado al Gobierno de Arce de interferir en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) con la intención de inhabilitarlo para las próximas elecciones presidenciales de 2025. Morales alega que Arce busca prolongar su mandato hasta 2030 en lugar de enfocarse en una buena gestión.
