La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) emitieron ayer un comunicado mediante el cual rechazan firmemente “la manera de actuar del alcalde de Yacuiba, Carlos Bru”, que ha iniciado un proceso judicial contra el periodista de esa ciudad Roberto Puma.
“Ambas instituciones le recordamos al alcalde Bru que está vigente la Ley de Imprenta en el país, norma que establece que si una autoridad considera que un periodista ha cometido un error en su trabajo éste debe ser sometido a un Tribunal de Imprenta, no a la justicia ordinaria”, sostiene el comunicado.
La Ley de Imprenta de Bolivia, en su artículo 8, el denominado Pacto de San José y otros que están reconocidos en la economía jurídica boliviana, establecen con claridad la inviolabilidad del secreto de fuente.
Ese derecho ha sido respetado en Bolivia en las últimas décadas y tiene que seguir siéndolo en el futuro.
El periodista Puma, de radio Frontera, denunció que una partida del desayuno escolar estaba en mal estado y causó problemas de salud a escolares de un establecimiento educativo. Ello motivó a que el alcalde Bru inicie el proceso judicial y exija que el periodista revele su fuente.
El comunicado de la ANPB y de la APLP señala que “al establecerse un acuerdo entre un periodista y una fuente de que se mantendrá su identidad en reserva, ese acuerdo no puede ser violado porque pone en riesgo su seguridad. Y en ese sentido la ley es muy clara en impedir que el periodista se vea obligado a revelar esa identidad”.
Por eso concluyen, categóricamente, con la exigencia “que tanto el fiscal de Yacuiba que recibió la denuncia, como el juez que atenderá el caso, deseche el mismo y lo envíe a un Tribunal de Imprenta como lo establece la ley vigente en el país”.
