En medio de la creciente crisis provocada por los bloqueos que afectan a distintas regiones del país, el diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Manolo Rojas, presentó un proyecto de ley que plantea congelar cuentas bancarias, inmovilizar bienes y aplicar medidas patrimoniales contra dirigentes y organizaciones que impulsen cortes de carreteras. La propuesta busca garantizar el resarcimiento de los daños económicos ocasionados al Estado, empresas y ciudadanos.
La iniciativa surge tras semanas de conflictos que han provocado millonarias pérdidas en sectores estratégicos de la economía nacional. Productores, transportistas, comerciantes y pequeñas empresas reportan afectaciones derivadas de la interrupción de rutas, el desabastecimiento de productos básicos y la paralización de actividades comerciales en varias regiones del país.
“Alguien tiene que responder por los perjuicios que están sufriendo millones de bolivianos”, afirmó Rojas al presentar el proyecto. El legislador sostuvo que los costos económicos de los bloqueos no pueden seguir siendo asumidos exclusivamente por la población, mientras los responsables de organizar las medidas de presión permanecen al margen de cualquier obligación de reparación.
La propuesta establece mecanismos legales para que las organizaciones convocantes y sus principales dirigentes asuman responsabilidad civil por los daños ocasionados a la infraestructura pública, la actividad productiva, el transporte y el abastecimiento de bienes esenciales. El proyecto contempla además que las medidas precautorias sean aplicadas de manera inmediata mientras la justicia determina el monto total de los perjuicios.
Entre las herramientas previstas figuran la anotación preventiva de bienes, el congelamiento de cuentas bancarias y otras medidas cautelares destinadas a garantizar el cumplimiento de futuras reparaciones económicas. Según el documento, estas acciones permitirían evitar la transferencia o ocultamiento de patrimonio durante los procesos judiciales.
El diputado enfatizó que la propuesta no pretende restringir el derecho constitucional a la protesta ni criminalizar las movilizaciones sociales. “La protesta es un derecho, pero también debe existir responsabilidad cuando se generan daños cuantificables a terceros”, argumentó. En ese sentido, aseguró que la norma apunta exclusivamente a establecer mecanismos de compensación económica por las pérdidas ocasionadas.
La iniciativa será remitida a la Comisión de Justicia de la Asamblea Legislativa Plurinacional para su evaluación técnica y posterior debate. Analistas consideran que el proyecto podría generar una intensa discusión jurídica debido al delicado equilibrio entre el ejercicio del derecho a la protesta y la protección de derechos fundamentales como la libre circulación, el trabajo y el abastecimiento de bienes esenciales.
De ser aprobada, la norma marcaría un precedente inédito en Bolivia al introducir mecanismos de responsabilidad patrimonial directa contra organizaciones sociales y sus dirigentes. El debate promete convertirse en uno de los más relevantes de los últimos años, en un contexto donde la confrontación entre derechos constitucionales y los efectos económicos de los bloqueos se encuentra en el centro de la agenda nacional.
