En medio de la creciente tensión por la aplicación de la Ley 1670 de Diferimiento de Créditos, la Confederación Nacional de Prestatarios anunció una marcha masiva este martes desde El Alto hacia La Paz, acusando al presidente Rodrigo Paz de mostrarse “indiferente” frente a la crisis que viven miles de familias endeudadas. Los dirigentes aseguran que el Gobierno “decidió castigar a los prestatarios para favorecer a los banqueros”, pese a que la ASFI ordenó el pasado 12 de noviembre suspender embargos y habilitar reprogramaciones.
El vocero del sector, Michael Chura, denunció que, aunque algunas entidades iniciaron las reprogramaciones, “desde la semana pasada los asesores financieros retomaron los llamados de cobro”, desconociendo la instrucción regulatoria. Según relató, muchos prestatarios volvieron a recibir advertencias de embargo pese a estar protegidos por la normativa vigente.
Organizaciones del sector afirmaron que varias entidades financieras advierten a los usuarios que, al no existir una nueva reglamentación, “las cuotas deben pagarse con normalidad”, e incluso amenazan con reportarlos a la Central de Riesgos. Para los prestatarios, esta situación constituye un abuso que se ampara en la falta de acción del Ejecutivo.
Las críticas también apuntaron al ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, a quien acusan de haber pasado de “defensor de los vulnerables” a “portavoz oficioso de la banca”. Recordaron que la propia Asoban reportó utilidades históricas de 2.592 millones de bolivianos en 2025, cifra que —según el sector— evidencia que “no existe ningún riesgo para el sistema financiero”.
Los dirigentes cuestionaron que mientras el Gobierno ofrece alivios a grandes empresarios, como Samuel Doria Medina, no muestra la misma voluntad para atender a las familias endeudadas. “El Gobierno protege al poder económico, no a la gente que vive de su trabajo cotidiano”, reprocharon.
También recordaron que desde el 2 de diciembre, fecha en la que Espinoza prometió presentar una salida integral a la crisis de créditos, no se ha anunciado ninguna alternativa, lo que califican como una muestra de “gestión irresponsable y poco transparente”.
Los prestatarios afirmaron que la marcha del martes será “masiva y pacífica”, pero advirtieron que no descartan radicalizar las medidas si el conflicto continúa siendo ignorado. Según Chura, “la gente está cansada de que la banca mande y el Gobierno obedezca”.
Finalmente, pidieron al Ejecutivo que cumpla y haga cumplir la Ley 1670, garantizando la reprogramación inmediata de las deudas y el respeto a las disposiciones de la ASFI. “No queremos privilegios, queremos justicia financiera”, afirmaron.
