La política de deportación masiva que Donald Trump puso en ejecución genera preocupación en América Latina y el Caribe, una región donde las remesas son un pilar económico fundamental. Países como Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y Haití dependen de estos envíos, que representan entre un 20% y 25% de su PIB.
Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en 2023 los inmigrantes enviaron al menos 161.000 millones de dólares a la región. “Las remesas son esenciales para la estabilidad financiera de millones de familias”, afirmó un analista del BID.
El dinero que los inmigrantes mandan desde EE.UU. sostiene el consumo, financia educación y cubre tratamientos médicos. En muchos casos, son mujeres, niños y ancianos los que dependen de estos ingresos. “Mi esposo se fue hace cinco años y con lo que manda, pago la escuela de mis hijos”, explicó Ana María López, una salvadoreña que teme que su familia pierda su único sustento.
El 80% de las remesas que llegan a la región provienen de EE.UU., mientras que el resto se origina en Europa y otros países de América del Sur. Para muchas economías locales, estos ingresos representan una fuente clave de estabilidad.
Bolivia también depende de estos ingresos. Entre enero y septiembre de 2024, las remesas alcanzaron 948 millones de dólares, con España (37%), EE.UU. (20%) y Chile (16%) como principales países emisores. En 2022, se marcó un récord al superar 1.437 millones de dólares en envíos.
El miedo no es solo humanitario, sino también financiero. Economistas advierten que una reducción en las remesas provocaría caída en el consumo, menor inversión y un aumento de la pobreza. “Si las deportaciones masivas se concretan, la crisis en varios países será inminente”, alertó un especialista en migración.
América Latina observa con incertidumbre. Para millones de familias, el “sueño americano” no es solo una ilusión, sino una necesidad económica de la que dependen para sobrevivir.
