«Navegar es necesario, vivir no es necesario», es el lema que acompaña al monumento a Cristóbal Colón, obra del escultor italiano Giuseppe Grazziossi, que llegó a Bolivia en 1926. La referencia une la visión del navegante genovés con la causa marítima boliviana, un detalle histórico que, a todas luces, Weimar Siñani o la ministra Sabina Orellana desconocen.
El periódico El Diario publicó en julio de 1926, una reseña titulada «Homenaje de los italianos a la República de Bolivia», que detalla la entrega de ese regalo cultural de los residentes europeos para el país por su primer centenario y en respaldo a la demanda marítima.
Los residentes italianos habían gestionado hace más de un año ese presente, con motivo del primer centenario de la República y en agradecimiento a la «generosa hospitalidad» de esta «cultísima ciudad», según reseña la nota.
“En el símbolo de este homenaje tallado en blanco mármol, ante todo, está un pedazo del suelo italiano; son los bloques extraídos de sus montañas y extraídos por los brazos de sus trabajadores; sus líneas de arte, su estructura, su estatua, producida por sus artistas, son en resumen la ofrenda de los hijos de Italia”, expresó el vicecónsul italiano en La Paz, Esteban Riccio, en el acto de descubrimiento de la estatua, un 17 de julio de 1926.
«El marino vidente tuvo el concepto de que las rutas del progreso y la civilización, aquel “buque” que condujo a descubrir un nuevo mundo, no pueden ser otras las del mar. Por él, evidentemente, se aceleran las comunicaciones y la industria, las artes y el comercio adquieren los beneficios eficientes para su desenvolvimiento para que Bolivia alcance la gran escala. Nosotros nos damos con máximo de sus esfuerzos y tenga el continente de Colón el puesto que sus riquezas y sus sorprendentes condiciones laboriosas le señalan, es necesario que también posea el don inapreciable de acceso al mar», cita la reseña redactada hace 95 años.
«Navegar es necesario, vivir no es necesario», es la inscripción en latín, tallada en el pedestal del monumento, que resume la pasión por cruzar todos los mares y la aspiración de Bolivia por retornar al Pacífico.
“Navigare Necesse Est. Vivere Non Necesse, esto es, “sacrifico gustoso a mi ideal de navegar», palabras que encierran sin duda hoy día, una grata coincidencia de grata significación para las gratas aspiraciones de los bolivianos”, concluyó el diplomático italiano, en su alocución.
El entonces representante del Concejo Municipal de La Paz, comprometió el cuidado y protección de la estatua, algo que quedó mancillado esta semana, por un grupo de supuestos indigenistas con discursos raciales de resentimiento social y lucha de clases marxista.
“Quedará este monumento al cuidado cariñoso de los hijos de Murillo; se conservará con gratitud y como símbolo de nuestra libertad marítima”, fue el compromiso paceño.
Solo la reparación del rostro de Cristóforo Colombo, que quedó pintado de negro, costará a los vecinos paceños Bs 50 mil. La restauración de la escultura, sobre todo la nariz que fue desportillada por el combo de Siñani, alias «Samka», tendrá un mayor precio y demora.
Pero el valor monetario no se compara a la trascendencia histórica que acompaña este gesto de Italia para con Bolivia y su justa demanda marítima, que nada tiene que ver con una «imposición colonial» o «resabios de la conquista española».
La ministra de Culturas trató de justificar el vandalismo a título de «una reacción natural» por los «500 años de opresión», con lo cual sólo expuso desconocimiento pleno en un área en el que su despacho debería tener especialidad; es decir, conocer la historia de cada pieza histórica, arqueológica y cultural que adorna las plazas y calles en todo el país.
El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) anunció procesos penales contra los vándalos que, de forma extraña, ni siquiera llegaron en calidad de arresto a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), pese al operativo que la Policía realizó la mañana del 2 de agosto, que evitó un daño mayor al monumento ubicado en El Prado paceño.
La destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, como espacios públicos, se constituye en delitos sancionados con uno a seis años de cárcel, según el artículo 223 del Código Penal.
