Una madre de San Ignacio de Velasco denunció haber sido víctima de irregularidades judiciales y maltrato institucional tras ser detenida y acusada de violencia familiar. La mujer, quien está en su tercer mes de embarazo, sostiene que su hijo fue entregado a su agresor sin una investigación adecuada. «Me siento totalmente vulnerada. Mi hijo fue entregado a su padre, quien me violó hace seis años, sin tomar en cuenta los antecedentes», afirmó.
El conflicto comenzó cuando la mujer recibió una notificación policial emitida por el fiscal Cervantes, ordenándole llevar a su hijo de seis años a una revisión médica forense y a una entrevista psicológica en la Defensoría de San Ignacio de Velasco. Sin embargo, debido a su estado de gestación y problemas de salud, no pudo asistir el mismo día. «Estaba muy delicada, con mareos y vómitos, pero planeaba ir al día siguiente. Aun así, la policía vino a detenerme en mi casa», relató.
La mujer fue trasladada a las celdas del comando policial y detenida durante más de ocho horas, lo que según su versión, fue una violación de sus derechos, especialmente considerando su embarazo. «No me permitieron defenderme en la audiencia cautelar. La directora de la Defensoría, Dally Guzmán, incluso me insultó», denunció.
El juez a cargo del caso determinó que el hijo de la denunciante debía ser entregado a su padre, quien fue acusado de violación y abandono del menor durante seis años. «Es indignante que ahora, además de perder la custodia de mi hijo, me obliguen a pagar la asistencia familiar al hombre que me violentó», añadió.
Según la madre, se le ha acusado falsamente de golpear a su hijo, una acusación que considera fabricada por la Defensoría. «Inventaron que yo le había roto un cinturón en la espalda, algo que es completamente falso. No hay ninguna prueba que respalde esa acusación», afirmó.
El caso sigue abierto bajo el número 172/2024 por el supuesto delito de violencia familiar y doméstica. La madre exige que se le entregue el cuaderno de investigaciones, que asegura no haber recibido aún, ya que el fiscal lo habría trasladado a Santa Cruz para audiencias.
«Quiero que la Defensoría demuestre con pruebas que yo golpeé a mi hijo. Es incoherente que lo entreguen a su agresor sin siquiera hacer una valoración psicológica del hombre o verificar sus condiciones de vida», concluyó la madre, quien ahora lucha por la custodia de su hijo y por la justicia en su caso.
