Se ha lanzado la carrera electoral y desde luego el caballo del corregidor ya recibió ventaja. La ley le impedía postularse por no cumplir con el requisito de residencia en La Paz durante los últimos dos años. A Evo se le exigió ese requisito que no pudo cumplir, y no fue candidato. Pero ahora no, ahora son gobierno y vuelven a las andadas y “le meten nomás” ante una justicia servil, nuevamente sometida al cacique. La ley, creada por los masistas para imposibilitar que quienes estábamos impedidos de residir en Bolivia, regresemos a candidatear, ahora cual alacrán les muerde a ellos. Pero no la cumplen.
A diferencia de Manfred Reyesvilla, que sí fue perseguido político y vivió exiliado hasta fines del 2019, cuando regresó a Bolivia, el TSE actuó bien, con justicia y equidad, habilitándolo para candidatear para alcalde de Cochabamba.
Pero esa analogía no aplica al caballo del corregidor. Caído Evo Morales en noviembre del 2019, Dockweiler abandonó el país. No pesaba sobre él ninguna acusación ni proceso legal que pudiera haber sido interpretado como acecho o persecución política. Simplemente se fue a radicar por un año nada menos que a Austria, la culta y lujosa Austria, sede de Doppelmayr, la adjudicataria por invitación directa y sin licitación del sistema de teleféricos de La Paz.
Vacacionar en Viena por un año no es poca cosa. Su ausencia de La Paz fue voluntaria y sospechosa. Junto a él abandonaron Bolivia los principales ejecutivos de la empresa constructora del teleférico para residenciarse en el exterior, hasta la fecha. ¿Por qué? ¿No era acaso, a decir de Evo Morales, que “quien escapa del país es un delincuente confeso”?
Este negocio le costó a Bolivia la friolera de más de 750 millones de dólares, casi en su integridad pagados con un sobreprecio estimado en por lo menos ¡250 millones de dólares! Y considerado el sistema de teleférico más caro del mundo y el negociado de corrupción más cínico dada su magnitud y su impacto en una de las economías más pobres de Latinoamérica.
Digo todo esto con conocimiento de causa. Como alcalde de La Paz, yo propuse la construcción de un sistema de transporte por teleférico durante mi segunda campaña electoral en 1987. Casi 30 años antes que fuera construido. En 1996 finalmente se licitó TUTEL con financiamiento concesional del Reino de España con fondos del V Centenario. La licitación hecha por Naciones Unidas por encargo municipal evaluó tres propuestas de compañías de teleféricos que operaban en los Alpes: Pomagaslki de Francia, Dopppelmayr de Austria y Leitner de Italia. Pomagalski, hoy asociada con Leitner, ganó entonces la licitación pública con un precio de cuatro millones de dólares por kilómetro. El municipio de La Paz, firmó el contrato con ese costo por alrededor de 20 millones de dólares por la primera línea de El Alto a San Francisco, con una parada intermedia en la Terminal de Buses. Modesto comienzo sujetado a las limitaciones económicas del municipio y su capacidad de repago. El golpe municipal de 1997 perpetrado por el gobierno del MNR, mediante el ministerio del Interior, que instaló a Gaby Candia como alcaldesa —depuesta un año después y sentenciada por corrupción— archivó el proyecto del teleférico y se perdió el financiamiento español.
Ello hasta el gobierno de Morales, 17 años después, que buscaba de alguna forma ganar el voto de los paceños para su reelección del 2014. Es probable que Jorge Dockweiler, adenista, que trabajó como mi subalcalde de la Zona Sur, hubiera facilitado la idea o el proyecto a su pariente César y éste a Morales. Este último, y más probablemente Álvaro García Linera, ordenó al Banco Central de Bolivia financiar el proyecto del teleférico utilizando ilegalmente recursos de las reservas monetarias y saltándose todas las normas de contratación pública para montar el negociado más gigantesco, utilizando para ello como pantalla el proyecto estrella, el más acariciado y preparado durante una década que me tocó ejercer los cuatro periodos de mi gestión municipal. Ellos pagaron 23 millones por kilómetro, versus 16 millones que pagó recientemente la Ciudad de México por un proyecto de un teleférico similar, a la misma empresa austriaca.
Yo celebro que La Paz tenga hoy su teleférico. ¡Es un sueño hecho realidad! Pero deploro que se hubiera usado ese proyecto insignia para querer comprar el voto de la ciudadanía paceña; antes por Morales y hoy por Dockweiler del MAS, a costa del dinero de los ciudadanos. Sólo con el sobreprecio (al menos 250 millones de dólares) se hubieran podido construir decenas de hospitales, obras públicas intensivas en mano de obra o el equivalente a más de 60 puentes de las Américas. Y que ese dinero se hubiera ido, casi en su integridad a Austria, Suiza o China o donde sea que guarden los centenares de millones de dólares de sobreprecio que generaron sus gestores es realmente indignante.
Y que todavía hoy se quiera utilizarlo para pedirle el voto a la gente, en una especie de estelionato electoral, donde se quiere vender un proyecto ajeno, en incepción, estudio y socialización, como propio.
Ronald MacLean Abaroa fue alcalde de La Paz y ministro de Estado.
