La Constitución Política del Estado en el artículo 384 expresa que “El Estado protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia, y como factor de cohesión social; en su estado natural no es estupefaciente. La revalorización, producción, comercialización e industrialización se regirá mediante la ley”. Esto no se cumple, porque la coca del Chapare NO es originaria ni ancestral, se convirtió en materia prima para la producción de cocaína que se transporta a EEUU.
El Informe de la Administración para el Control de Drogas (DEA) a través de un infiltrado, en 8 oportunidades, muestra que el exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), coronel Maximiliano Dávila, ofreció narco-vuelos bolivianos, con dos policías con ametralladoras para protegerlos. Es decir, con orden para que no se intercepte estos aviones cargados de cocaína, de una red de narcotraficantes. Para despachar 1.500 kilos de cocaína hasta Nueva York. En Bolivia el kilo de cocaína se cotiza en $us.3.000 y si multiplicamos esta cifra por 1.500 kilos, resulta un total de $us4.500.000. En EEUU se cotiza el kilo en $us30.000, que por 1.500 kilos da una ganancia de $us45.000.000.
Jeremi Kirk, agente de la DEA, informó sobre la relación con el narcotráfico internacional y que las operaciones se desarrollaron entre julio de 2009 y febrero de 2020. Dijo que Omar Rojas Echeverría, ex mayor de la Policía en Bolivia, conocido por ser “el hombre de los contactos con los narcotraficantes”, facilitó la conexión y dar con Ignacio Angus Nieto, para hacer la entrega de la droga en Colombia. También se supo que Maximiliano Dávila, ex Director de la FELCN durante el gobierno de Morales, era el encargado de proteger y encubrir el delito de narcotráfico en Bolivia.
Hay infiltración, penetración de organizaciones criminales, las que han contaminado altas esferas de la policía boliviana, por lo que, en la última década, cinco exjefes policiales estuvieron involucrados en actividades ilícitas. René Sanabria, Oscar Nina y Maximiliano Dávila tuvieron en sus manos la lucha contra el narcotráfico. Los tres fueron detenidos, procesados y encarcelados. Jorge Medina como Director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen en Santa Cruz, fue denunciado por proteger al narcotraficante Pedro Montenegro. Y el ex mayor Omar Rojas fue dado de baja y detenido en Colombia.
Nuevamente los fiscales protegen el delito del narcotráfico, porque el cargo de enriquecimiento ilícito por el que se imputa a Dávila, implica que no se toma en cuenta que el delito que motivó su captura tiene que ver con el tráfico ilegal de cientos de kilos de cocaína, debido a su vínculo con Omar Rojas, el “Pablo Escobar boliviano”. La Fiscalía debía imputar a Dávila por el delito de narcotráfico y no por legitimación de ganancias ilícitas, las que seguramente obtuvo por el negocio de tráfico de estupefacientes. Lo cierto es que el ex jefe antidroga es requerido, por la justicia de EEUU, por tráfico de estupefacientes, quien en el momento de ingresar al penal de San Pedro afirmó que el ministro Del Castillo “pretende incriminar al expresidente Morales”.
Pero los fiscales solo lo procesan por delito accesorio, como un acto de protección. La única posibilidad de desbaratar esta organización criminal es que se lleve a cabo en EEUU el proceso contra Dávila por tráfico de drogas, actividad que causa mucho perjuicio en la sociedad norteamericana, por un alto consumo.
El Tratado de Extradición en el Art. III “Obliga a la extradición de las organizaciones criminales, y actividades relacionadas con el narcotráfico”. Por ello el Gobierno del MAS tiene la obligación de conceder la extradición de Dávila, para que sea juzgado en EEUU, ya que la justicia en Bolivia perdió credibilidad.
Si no se lo extradita, será un antecedente nefasto para la historia de Bolivia en cuanto a la lucha contra el narcotráfico, poniendo en tela de juicio la credibilidad del país. Sin dicha extradición, se alentaría la impunidad, aunque el flagelo del narcotráfico afecta a los jóvenes de Bolivia, más aún con la aprobación de la Ley General de la coca 906 de 8 de marzo de 2017, que solo provocó que aumente la producción de la coca en el Chapare, de cuyo 93% no se tiene registro, por tanto, es ilegal.
