La Sala Constitucional del Tribunal de Justicia de La Paz generó un terremoto político al anular este martes la elección de la directiva del Concejo Municipal, decisión que el concejal opositor Javier Escalier calificó como un «atentado contra la democracia».
«Esto es un golpe institucional», denunció Escalier con vehemencia. «El alcalde judicializa nuestro trabajo porque no acepta que perdió en las urnas políticas. Han convertido los tribunales en su herramienta para torcer la voluntad popular», agregó el edil en declaraciones que encienden el debate político.
El fallo dejó sin efecto la elección del 29 de abril que había consagrado a Lucio Quispe como presidente, Josseline Pinto como vicepresidenta y Lourdes Chambilla como secretaria del Concejo. La decisión responde a un recurso presentado por los concejales oficialistas Lucía Mamani, Jorge Dulón y Oscar Sogliano, quienes alegaron vicios en el proceso.
La ironía es evidente: los mismos concejales que impugnan la elección participaron activamente en la sesión, aprobaron el orden del día e incluso presentaron su propio candidato. «Primero juegan y cuando pierden, cambian las reglas», señaló Escalier, evidenciando lo que considera una flagrante contradicción.
El conflicto ha paralizado la gestión municipal. Durante semanas, los oficialistas bloquearon físicamente la Secretaría del Concejo, impidiendo el tratamiento de proyectos urgentes y acciones de control. «Mientras juegan estas miserias políticas, la ciudad se queda sin leyes importantes», lamentó el concejal opositor.
Pero el escándalo tiene otra arista preocupante: el Ejecutivo municipal estaría reteniendo información clave. «Nos niegan documentos esenciales para fiscalizar. ¿Qué esconden?», cuestionó Escalier, planteando serias dudas sobre la transparencia de la gestión de Arias.
El choque entre legalidad y legitimidad domina el debate. Mientras el oficialismo insiste en defender el «debido proceso», la oposición habla de «lawfare municipal» – usando el sistema judicial como arma política. Esta polarización amenaza con prolongar la parálisis institucional.
«El pueblo paceño merece saber la verdad», sentenció Escalier, anticipando que esta batalla está lejos de terminar. Con la credibilidad de las instituciones en juego, este conflicto podría marcar un punto de inflexión en la política local paceña.
