El Ministerio Público inició una investigación de oficio por el deslizamiento en Bajo Llojeta, La Paz, que dejó 40 viviendas afectadas y una niña fallecida. Los alcaldes Iván Arias (La Paz) y Manuel Condori (Achocalla) serán citados, junto a otros implicados.
“Tenemos que investigar y llegar a la verdad histórica de los hechos. En las próximas horas ya habrá resultados,” señaló el fiscal departamental Luis Carlos Torrez en conferencia de prensa. Una comisión de fiscales trabaja en esclarecer el caso, bajo las acusaciones de “Otros Estragos y Peligro de Estragos con Agravante.”
Según el secretario municipal de Resiliencia y Gestión de Vulnerabilidades, Juan Pablo Palma, el desastre fue causado por un “movimiento en masa” que obstruyó el sistema pluvial del río Pasajahuira. “Se vertió tierra y escombros en la quebrada, lo que activó un deslizamiento en un predio privado,” explicó Palma.
El Gobierno Municipal de La Paz responsabilizó del movimiento de tierras a la empresa propietaria del Cementerio Los Andes. “Se conformó una plataforma alta, mayor a 20 metros, con pendientes peligrosas,” dijo el analista técnico Sergio Iturre. Además, recordó que desde 2011 se registran deslizamientos en el sector.
Por su parte, la empresa Kantutani, propietaria del cementerio, negó su implicación, argumentando que el embovedado del río Pasajahuira se encuentra a 1,5 kilómetros del camposanto. “Presentaremos verificaciones técnicas para aclarar los hechos,” afirmó la empresa en un comunicado.
El gobernador Santos Quispe responsabilizó al municipio de Achocalla por autorizar movimientos de tierra en época de lluvias. “Ellos deben hacerse cargo por permitir esto,” expresó Quispe, quien también propuso un diálogo entre las alcaldías para evitar futuros deslizamientos.
Vecinos de Bajo Llojeta criticaron la falta de previsión de las autoridades. “Esto pudo evitarse si se hubieran respetado las normas y se escuchaban las advertencias,” afirmó un afectado. La mazamorra destruyó hogares y dejó a decenas de familias en la incertidumbre.
La Fiscalía reiteró que no habrá impunidad. “Este hecho no quedará sin esclarecer, llegaremos a los responsables,” enfatizó Torrez, subrayando la necesidad de actuar con rapidez para evitar nuevas tragedias.
