La tensión electoral escaló este jueves luego de que varios candidatos inhabilitados para las elecciones subnacionales rechazaran públicamente la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y anunciaran la presentación de amparos constitucionales ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Los afectados sostienen que las resoluciones vulneran sus derechos políticos y advierten una batalla legal en las próximas horas.
El secretario de Cámara del TSE, Fernando Arteaga, informó que las inhabilitaciones se produjeron tras la revisión de diversos recursos presentados ante la instancia electoral. “Estas decisiones ya no admiten más recursos ante el Órgano Electoral”, afirmó, cerrando la vía administrativa y trasladando el conflicto al ámbito constitucional.
Entre los inhabilitados figuran Yerko Núñez y Moisés Shiriqui en Beni; Mario Cossío y Víctor Hugo Zamora en Tarija; y Edgar Bazán en Oruro. En varios casos, los cuestionamientos están vinculados al cumplimiento de requisitos formales y observaciones legales que, según el TSE, fueron evaluadas conforme a normativa vigente.
Mario Cossío, candidato a la Gobernación de Tarija por Camino Democrático al Cambio, rechazó la determinación y anticipó acciones inmediatas. “El Tribunal Supremo Electoral ahora tendrá que responder ante todas las instancias judiciales a las cuales vamos a acudir”, declaró, asegurando que agotará todos los mecanismos constitucionales para revertir la medida.
Desde la agrupación Unidos para Renovar (UNIR), que respalda a Víctor Hugo Zamora para la Alcaldía de Tarija, calificaron la decisión como un revés político, pero afirmaron que mantendrán presencia territorial. “Seguiremos en los barrios con la certeza de que el final será exitoso”, señalaron en un pronunciamiento público.
En Beni, Hugo Vargas, candidato a la Gobernación por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), defendió a Yerko Núñez y Moisés Shiriqui, calificando de “injusta” la exclusión. “Acudiremos al recurso constitucional con optimismo de que se haga justicia”, sostuvo, subrayando que el derecho a elegir y ser elegido está protegido por la Constitución.
En Oruro, militantes del Movimiento Ciudadano San Felipe de Austria salieron a las calles tras la inhabilitación de Edgar Bazán. Entre consignas y protestas, anunciaron la presentación de un amparo constitucional y denunciaron lo que consideran una decisión desproporcionada. La conflictividad social comienza a sentirse en las regiones, en un escenario preelectoral marcado por polarización.
Diversos informes regionales sobre calidad democrática en América Latina advierten que los procesos electorales con alta judicialización tienden a erosionar la confianza ciudadana si no se garantiza transparencia y uniformidad en los criterios aplicados. Mientras el TSE defiende la legalidad de sus resoluciones, los candidatos inhabilitados apuestan ahora a que el TCP revierta las decisiones. La disputa deja en evidencia que la contienda electoral ya no solo se libra en las urnas, sino también en los tribunales.
