El pueblo boliviano dijo “No” el 21 de febrero de 2016, en el referéndum sobre la reforma de la Constitución Política del Estado (CPE) para permitir al presidente y al vicepresidente postularse en las elecciones de 2019. Votaron en esas elecciones bolivianas y bolivianos indignados por la corrupción, las políticas extractivas, la impunidad de las transnacionales chinas y petroleras, la falta de recursos en sanidad y educación, la homofobia y la misoginia dentro del gobierno, los avasallamientos de colonos a indígenas, los acuerdos con el agronegocio cruceño, la criminalización de la protesta social, la persecución a periodistas, y un sin fin de temas.
Dos años después de la consulta popular: médicos, estudiantes, obreros, activistas, defensores de derechos humanos, periodistas, intelectuales, ex miembros del gobierno y más vuelven a tomar las calles para pedir respeto al resultado del 21-F, dónde el 48,7% votó “Sí” frente al 51,3% que votó “No” a la reforma de la Constitución. Empero no lo han puesto fácil, dado que el régimen movilizó a toda su maquinaria represiva para impedir el «bloqueo de carreteras y vías fundamentales» con «policías antidisturbios en lugares claves» como informó el general Faustino Mendoza, comandante de la policía boliviana. Con estas acciones, se afianza aún más la idea de que las recientes explosiones en Oruro podrían tratarse de “terrorismo de Estado” para justificar la represión y la criminalización de la protesta social, así como para tildar y estigmatizar a sectores movilizados como “la derecha” o “imperialistas”.
Gente de los barrios en lucha
Los vecinos salían a la calle desde las seis de la mañana para bloquear las carreteras, acatando el paro cívico nacional. «Los vecinos nos estamos organizando en toda la ciudad, con nuestras sillitas, con algunos objetos para poder obstruir el paso de las movilidades más que todo» expresaba un miembro del directorio de la junta de vecinos de Cristo Rey en Sopocachi, ciudad de La Paz. Otros usaron sus propios autos para bloquear las vías. No faltaron piedras, cuerdas, carteles, pancartas e incluso ropa y peluches usaron para obstruir el paso a pesar de las amenazas de la policía de no permitir los bloqueos.
Tenían galletas para pasar la mañana, leían la prensa y mediante las redes sociales estaban informados de todo lo que ocurría en el país. «Evo es el que ha creado toda esta división entre nosotros mismos, él ha provocado más racismo en nuestro país, nos ha dividido» decía otro vecino de la zona Sopocachi. La administración de Morales ha generado una fuerte crisis en los movimientos sociales de Bolivia; la injerencia del oficialismo en las organizaciones de la sociedad civil ha provocado grandes rupturas, corrupción de dirigentes indígenas o sindicales que solo sirven al MAS y abandonan a sus bases, paralelismos en las organizaciones sociales (por ejemplo, la Fejuve –Federación de Juntas Vecinales- de El Alto orgánica y la Fejuve de El Alto masista, el Conamaq –Consejo Nacional de Ayllus del Qollasuyo- orgánico y el Conamaq masista –controlado por el gobierno-), así como otras problemáticas no menos importantes.
Antecedentes
La Carta Magna promulgada por Evo Morales en 2009 solo permite dos mandatos consecutivos. Aún así, es la segunda vez que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) resuelve que el mandatario vuelva a postularse. En 2013, el Constitucional alegó que el mandato 2006-2009 no computaba porque en 2009 el país fue refundado con motivo de la creación de la CPE. De esta forma, se presentó en 2014, ganando los comicios y manteniéndose hasta el día de hoy.
Esta vez, la estrategia del MAS no ha diferido mucho: puesto que la consulta de 2016 apelaba a la reforma del artículo 168 de la Constitución –y el “No” a su modificación ganó en seis de los nueve departamentos del país- los oficialistas han buscado otra táctica para legitimar la re postulación, presentando ante el Tribunal una Acción de Inconstitucionalidad Abstracta. Por la cual piden al TCP declarar inconstitucional cinco artículos de la Ley Electoral y la inaplicabilidad de cuatro de la Constitución, referidos al límite de participación en elecciones. El fallo del TCP tuvo lugar semanas antes de que el órgano judicial concluyera su mandato –lo que denotaba presión por parte del gobierno- declarando que por encima de la Constitución están los “derechos políticos” recogidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de 1969, tratado internacional reconocido por Bolivia y su Constitución. Por lo que Evo Morales y Álvaro García Linera podrán volver a postular en 2019, ya que sus derechos humanos estarían vulnerados.
La ciudadanía ya no confía en el sistema judicial. Las últimas elecciones judiciales del 3 de diciembre del pasado año 2017, demostraron el rechazo de la población a los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Agroambiental; dónde el voto nulo se impuso. Obteniendo el Tribunal Constitucional –una semana después de habilitar a Evo a su re postulación- un 52,58% de votos nulos según los resultados proporcionados por el Órgano Electoral con el 81,79% de votos escrutados. La suma de votos nulos y blancos superaron el 65% según datos oficiales. La justicia boliviana no es independiente, puesto que de los 96 candidatos preseleccionados por el parlamento, la gran mayoría eran oficialistas. Por lo que la oposición política y social no hizo más que manifestar su rechazo.
Jornadas protagonizadas por episodios represivos
El gobierno convocó a sus sectores sociales para contrarrestar las movilizaciones. En La Paz, los llamados llunkus –palabra quechua que podría traducirse como “sirviente” o “lame culo”- de Evo fueron movilizados: funcionarios públicos, cocaleros del Chapare, sindicalistas y dirigentes con intereses corruptos y clasemedieros; que salen a las calles en pro de la reelección indefinida de Evo Morales y Álvaro García Linera, convocados por el gobierno y con todo el aparato estatal a su favor.
Desde el comienzo de las protestas hubieron acontecimientos represivos por parte de las fuerzas de seguridad, quienes tenían ordenes del Ministerio de Gobierno, a la cabeza del ministro Carlos Romero, de amedrentar a la población que se manifestaba en contra de la re postulación de Morales.
Las victimas de las dictaduras organizadas en la Plataforma de Luchadores Sociales contra la Impunidad por la Justicia y la Memoria Histórica del Pueblo Boliviano -olvidadas por el gobierno de Evo- realizaron un bloqueo en las carpas donde están en vigilia desde hace más de cinco años, frente a la puerta del Ministerio de Justicia, en el Paseo del Prado. Desde allí denunciaban la represión de las primeras horas de la mañana: «Somos quienes hemos defendido y hemos luchado por reconquistar la democracia para nuestro país, pero hoy día somos maltratados, reprimidos por el actual régimen del MAS, pero estamos aquí porque queremos decir al pueblo No, dijimos No el 21 de Febrero, y volvemos a decir No, y cuando nos estén torturando y reprimiendo seguiremos diciendo No hasta la muerte compañeros» declaraba una de sus miembros.
Ataques a defensores de Derechos Humanos
En horas del medio día, policías encapuchados en motocicletas intentaron disolver el bloqueo que realizaba la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz (APDHLP), pasando con sus motos por encima de las banderas, pancartas y otros materiales. Otros policías a pie retiraron las sillas y mesas que los defensores de derechos humanos habían instalado para cortar el paso de la Avenida Arce. Después de estos acontecimientos, la policía disparó una bomba de gas lacrimógeno al hijo de Waldo Albarracín, Rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Su hijo, el abogado de la Asamblea de Derechos Humanos (APDHLP) Franco Albarracín, fue herido en la pierna mientras se manifestaba contra la gasificación a la oficina de la APDHLP. Todo fue grabado en video desde un edificio cercano. Minutos después de la agresión, Waldo Albarracín denunció ante la prensa los hechos: «La policía ha disparado contra mi hijo, sabiendo que es mi hijo y además deliberadamente por instrucción del Ministro Romero [Ministro de Gobierno] … que además ya me ha empezado a amenazar públicamente». Las amenazas y ataques al Rector de la UMSA son resultado de la resistencia de la Universidad a ser controlada por el gobierno del MAS. Además, Waldo Albarracín es un personaje público crítico a la gestión de Evo Morales, fue presidente de la APDHB y el segundo Defensor del Pueblo de Bolivia. Por ello, es visto como una amenaza para los intereses de la oligarquía en el poder. En el momento que hirieron a su hijo Franco, afirmo a la prensa: «¡Esta es la prueba del gobierno fascista, esta es la prueba de que el gobierno del MAS es de ultraderecha!».
Este no fue el único altercado originado por la policía boliviana durante las protestas del 21 de Febrero de 2018 en Bolivia. En horas de la mañana, la policía desalojó a los manifestantes de la Plaza Isabel La Católica en La Paz utilizando gas pimienta. En la Plaza Murillo, los uniformados lanzaron gases sobre políticos de la oposición que se concentraban en un mitin. También hubieron jaleos en la Plaza del Estudiante. Según señalaba el diario El Deber, al menos cinco puntos de bloqueo en la ciudad de La Paz fueron gasificados.
Bolivia entera salió a la calle el 21-F
Otros departamentos del Estado también acataron el paro cívico con éxito. A pesar de los operativos policiales y las intervenciones del oficialismo.
Trinidad, Cochabamba, Santa Cruz y Pando, entre otras ciudades, fueron núcleo de las protestas. En la ciudad cruceña, los manifestantes quemaron neumáticos para bloquear las vías principales; la policía actuó con dureza reprimiendo a los participantes. En Cochabamba se produjeron enfrentamientos entre manifestantes a favor y en contra de la re postulación e inclusive se agredieron con piedras como indica el diario La Razón.
En La Paz, aproximadamente treinta mil personas ocuparon la Plaza de San Francisco y alrededores expresando el apoyo al presidente Evo Morales. La mayoría funcionarios de los Ministerios públicos que se vieron obligados por orden del gobierno a no acatar el paro cívico y a asistir a la concentración del MAS después de la jornada laboral. Allí se encontraban, agrupados esperando a que los responsables pasen lista de los asistentes. Un presente nos transmitía estas palabras: «Aquí hay muchedumbre que simplemente tiene mucho miedo de perder el trabajo, están obligados a venir acá y brindar con su presencia de decir lo que les dice el gobierno. Es un movimiento totalmente artificial, fabricado por una élite que quiere mantenerse en el gobierno para conservar sus privilegios … una persona marxista jamás podría ser parte de este movimiento».
Las movilizaciones de este 21 de Febrero fueron de ambos lados como señalaba en un principio. En los eventos organizados por el MAS, no solo habían funcionarios públicos, también se estaban presentes trabajadores metalúrgicos y mineros, quienes afirmaban venir en representación del sector; dirigentes de organizaciones sindicales e indígenas controladas por el MAS; y personas de municipios rurales del altiplano acompañadas de sus autoridades políticas masistas. Todos defendiendo la «agenda patriótica 2020 – 2025» que dicen llevará a cabo el presidente Evo Morales si vuelve a ganar las alecciones del 2019.
Residentes bolivianos en España, Chile, México, Argentina, entre otros se manifestaron frente a sus embajadas para exigir respeto los resultados del 21F.
Generación #Pitita
“Me he sorprendido, ahora dos, tres personas (están) amarrando ‘pititas’, poniendo ‘llantitas’. ¿Qué paro es ese (…)? Soy capaz de dar talleres, seminario de cómo se hacen las marchas a ellos, para que aprendan”, dijo el expresidente Evo Morales, en una concentración realizada en Cochabamba, el 24 de octubre pasado, cuando el país vivía momentos de tensión por las movilizaciones ciudadanas en su contra.
El uso de la palabra “pititas” en tono despectivo, como deslegitimando la forma de esa protesta y, además, reivindicando (o apropiándose de) los bloqueos tradicionales con los que se dio a conocer al país un joven dirigente cocalero Morales, originó, más bien hacia el final de la crisis, una gran movida política en redes sociales por parte de una nueva generación de twiteros y facebukeros.
¿Quiénes son los pititas?
¿Quiénes son los creadores de #pititas, #PititaTwitera y #SoyGeneraciónPitita? ¿Cómo podemos describir a esta nueva ola juvenil?
Son grupos de jóvenes que han empezado a convivir en su propia lógica y en su propia dinámica y, ciertamente, con una posición radical, antiEvo Morales, en Twitter. “Tienen una reciente data: estamos hablando de pocas semanas”, pero eso no quiere decir que el fenómeno sea nuevo en el mundo. Son los llamados millennials, por su edad, “pero también como un adjetivo que los coloca en la frialdad de lo digital, lo hedonista de una selfie o la poca/nula experiencia de la vida”. Dice en ese sentido que “el adultocentrismo de estas críticas ha omitido un detalle muy importante: la edad media en Bolivia es de 23 años”.
Esperanza y rebeldía, son las palabras en que se resume esta nueva generación que surge a partir del descontento por la burla a su voto. Esta generación no necesariamente tiene un común denominador generacional. La coincidencia ha sido encontrarse en las puntas de estas cuerdas que hoy representan el mayor movimiento ciudadano capaz de bajar la soberbia de un poder que sentía su dominio totalitario inmune.
El libro de las pititas
El fenómeno de la denominada “Generación Pitita” derivó en múltiples y creativas manifestaciones; una de ellas, un libro titulado “El libro de las pititas”.
Se trata de un libro electrónico que se escribe de manera colectiva en Google Docs y que tiene como slogan: “República de Bolivia, una sola bandera, un solo país”.
“Estudiantes de la UAGRM”, “Carta a los héroes”, “Sexto día de paro”, “Noche de Vigilia”, “Sábado 26 de octubre – Bloqueo de las mil esquinas”, “Líderes y héroes que se hacen”, “Que la pitita jamás se rompa”, son algunos de los títulos que la gente eligió para sus escritos.
Es posible leer los textos y participar de esta iniciativa con aportes propios ingresando al siguiente link: https://docs.google.com/document/d/1USiRtdoFp8E0TlaW-JqeimCwa323Kw_wTFeY7jNg6aM/edit#heading=h.wrca9po4oeko
Sexto aniversario 21F
El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y una serie de plataformas ciudadanas convocaron en las últimas horas a conmemorar el sexto aniversario del referéndum constitucional del 21F, que rechazó la reelección indefinida.
Para ello, se programaron actividades en al menos 7 de los 9 departamentos, menos Beni y Chuquisaca.
