En un intento por frenar la escalada de conflictos y encaminar la recuperación económica del país, el Gobierno nacional y la Central Obrera Boliviana (COB) suscribieron un acuerdo que establece una amplia agenda de compromisos orientados a la pacificación, la estabilidad social y la atención de demandas planteadas por distintos sectores laborales y populares.
Uno de los puntos más relevantes del documento establece que el Gobierno no promoverá ni respaldará normas que criminalicen la protesta social, además de comprometerse a no impulsar acciones de persecución política, judicial o mediática contra dirigentes sindicales y organizaciones movilizadas. «El Gobierno nacional no apoyará ni promoverá ninguna norma que criminalice la protesta», señala el acuerdo.
El pacto también contempla la conformación de una comisión conjunta entre el Ejecutivo, la COB y el Ministerio Público para gestionar la revisión de procesos vinculados a los conflictos sociales y analizar la situación de personas detenidas durante las movilizaciones. Asimismo, el Gobierno ratificó su rechazo a toda forma de racismo, discriminación o estigmatización contra sectores sociales y pueblos indígenas.
En materia económica, el acuerdo reafirma la defensa de la propiedad estatal sobre sectores estratégicos. El Ejecutivo garantizó que no impulsará privatizaciones de empresas públicas ni la entrega de recursos naturales estratégicos a intereses privados nacionales o extranjeros, una de las principales exigencias planteadas por la dirigencia sindical durante las negociaciones.
Otro de los compromisos asumidos se refiere a la transparencia en el manejo de recursos y a la investigación de hechos denunciados públicamente. El documento respalda la conformación de instancias legislativas para investigar los casos conocidos como «narcomaderas» y «narcomaletas», además de fortalecer los mecanismos de fiscalización institucional y control social.
La política de hidrocarburos también ocupa un lugar central en el acuerdo. El Gobierno se comprometió a garantizar el abastecimiento de combustibles, presentar informes sobre compensaciones derivadas del caso de la denominada «gasolina basura» y realizar una auditoría técnica y financiera independiente para identificar responsabilidades y evitar nuevas afectaciones a consumidores y sectores productivos.
Respecto a la situación económica de las familias bolivianas, el pacto incluye medidas destinadas a proteger la canasta familiar, combatir la especulación, preservar el empleo y resguardar el salario real de los trabajadores. Asimismo, se acordó la conformación inmediata de una comisión técnica para revisar la Ley de Pensiones bajo criterios de sostenibilidad financiera, equidad y protección de los aportantes.
El documento concluye con compromisos vinculados al cuidado del medio ambiente y una política internacional basada en la paz y la soberanía nacional. Además, establece una cláusula clave: todos los puntos acordados deberán ser cumplidos en un plazo máximo de 90 días. «El Gobierno Nacional se compromete a cumplir todos los puntos anteriores en tiempos y plazos oportunos que no excedan hasta los 90 días», señala el texto, considerado por sus impulsores como una hoja de ruta para reducir la conflictividad y reconstruir la confianza entre el Estado y los sectores sociales.
