Una nueva crisis estalla en el interior del Partido Demócrata Cristiano (PDC) luego de que Rodrigo Roca, presidente de Asprogoalpa, lanzara duras acusaciones contra el senador suplente Humberto Suárez Éguez, a quien calificó como “avasallador, traficante de tierras y falso dirigente campesino”. La denuncia, respaldada por más de 40 comunidades de la Amazonía, expone una serie de procesos penales y cuestionamientos éticos que amenazan con convertirse en un escándalo político.
En un pronunciamiento conjunto con dirigentes barraqueros y representantes de la región Madre de Dios, Roca denunció que Suárez “no representa a ninguna comunidad reconocida” y que su nombre no figura en los registros del INRA, lo que pone en duda su legitimidad como representante del sector. “Este señor quiere manipular y manejar a los campesinos de Pando. No estamos en contra de su investidura, sino de su accionar, porque es inescrupuloso y no puede representar a un pueblo ni a un departamento”, expresó.
El documento difundido por Asprogoalpa denuncia que sobre Suárez pesan tres procesos penales: uno por presunto abuso sexual a adolescentes, otro por apropiación indebida y un tercero por daño económico al municipio de Riberalta. Estas acusaciones, de comprobarse, podrían derivar en la pérdida de su curul y en un proceso judicial de alto perfil.
“No queremos más falsos dirigentes que se aprovechen del campesinado para sus negocios personales”, afirmó Roca, quien aseguró que las comunidades están dispuestas a llevar el caso hasta las instancias judiciales necesarias. Según el dirigente, el accionar del parlamentario suplente ha generado conflictos internos y debilitado la representación legítima de los productores amazónicos.
En la misma declaración, los productores exigieron el cumplimiento del Decreto Supremo 5390, norma que regula el aprovechamiento de recursos naturales renovables como la castaña y el asaí, fundamentales para la economía local. Su aplicación, dijeron, es clave para garantizar la paz social y el trabajo digno en las comunidades.
“Queremos un derecho transitorio dentro de esa norma para poder trabajar tranquilos. Este pedido está firmado por los barraqueros y refrendado por las comunidades”, señaló Roca, quien anunció que el documento será presentado la próxima semana en Santa Cruz para su tratamiento legal y político.
El caso ya genera fuertes repercusiones en el ámbito político de Pando, donde varios sectores han solicitado a la dirigencia nacional del PDC que se pronuncie sobre la situación de Suárez. Algunos analistas consideran que el escándalo podría golpear severamente la imagen del partido a semanas de definirse alianzas estratégicas en el Congreso.
Mientras tanto, el senador suplente no ha emitido declaraciones públicas sobre las graves acusaciones en su contra. Sin embargo, el creciente rechazo de las bases campesinas y productivas deja en evidencia un escenario político cada vez más tenso, donde la credibilidad y transparencia serán puestas a prueba.
