La oposición al Gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca, encabezada por el jefe de la Bancada Nacional de Creemos, Leonardo Ayala, ha criticado el aplazamiento de cinco interpelaciones hasta diciembre. Ayala ha calificado esta medida como un “abuso” y una “burla” por parte del gobierno.
La primera de las interpelaciones reprogramadas es contra el ministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz, quien debe explicar ante el pleno de la Asamblea Legislativa la inversión de recursos adquiridos en calidad de préstamo de organismos internacionales. Choquehuanca ha aplazado la misma para el 7 de diciembre de 2023 a las 14:30 horas.
La segunda interpelación es contra el ministro de Justicia, Iván Lima Magne, quien debe informar cuántas de las 37 recomendaciones realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) al gobierno se han cumplido para esclarecer los hechos de violencia en 2019. La interpelación ha sido aplazada para el 12 de diciembre a las 14:30.
La tercera interpelación reprogramada es contra el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina Ortiz, con el fin de que explique el incremento en los precios e importación de los combustibles. Ese acto ha sido aplazado hasta el 19 de diciembre para las 14:30 horas.
Las dos últimas interpelaciones son contra el ministro de Gobierno, Carlos Eduardo Del Castillo. La primera ha sido diferida para el 13 de diciembre a las 14:30, cuando deberá informar sobre seguridad interna del Estado que ejecuta en temas de seguridad ciudadana, trata y tráfico de personas, régimen penitenciario y migración. La segunda interpelación contra el ministro ha sido postergada para el 20 de diciembre a las 14:30, y en esta oportunidad deberá explicar sobre el avance del caso de “narcoaudios” que se registró el 25 de marzo de 2022 en inmediaciones de la comunidad de Valle Sajta del Trópico de Cochabamba.
El diputado Ayala ha señalado que el aplazamiento de las interpelaciones hasta diciembre de 2023 es una maniobra del gobierno para proteger a los ministros cuya gestión es objeto de críticas y evaluación, “resulta que fijan día y hora para diciembre de 2023, recordemos que este acto de fiscalización es promovido para modificar una política de Estado o en su caso el cambio de la autoridad interpelada ante una nefasta gestión”.
