La Justicia ha dictaminado que el exalcalde de Cobija, Luis Gatty Ribeiro, cumpla 30 días de detención preventiva en la cárcel de Villa Busch, en el departamento de Pando. La acusación en su contra se relaciona con un presunto daño económico al Estado debido a la compra de más de 1.000 luminarias LED que nunca fueron instaladas en la ciudad.
El asesor jurídico del municipio de Cobija, Roberto Cuba, informó sobre esta decisión judicial, señalando que «se desarrolló la audiencia de medidas cautelares donde se ha determinado la detención preventiva de la exautoridad municipal por el lapso de 30 días, en la cárcel de Villa Busch».
Luis Gatty Ribeiro Roca, exfutbolista reconocido hasta 2014, asumió la alcaldía de Cobija en mayo de 2015 y la dejó en mayo de 2021. La investigación en su contra se centra en la adquisición, en 2016, de 1.296 luminarias LED por un valor de Bs 4.986.047, destinadas a beneficiar a más de 30 barrios de los distritos 4, 5 y 6. Sin embargo, según un informe de la Unidad de Alumbrado Público y denuncias de dirigentes vecinales, estas luminarias nunca se instalaron.
Roberto Cuba explicó la gravedad de la situación, diciendo: «Se conoce que las luminarias se adquirieron con más de cuatro millones de bolivianos, es un monto considerable y existen ciertos descargos por parte de los procesados. Sin embargo, se ha presentado una denuncia porque no existen las luminarias, no han sido instaladas en los barrios que iban a ser beneficiados».
La denuncia del municipio de Cobija ante el Ministerio Público en marzo de este año condujo a una imputación por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y malversación de fondos. En este caso, dos exfuncionarios también están implicados y se beneficiaron con detención domiciliaria.
Cuba señaló que Luis Gatty Ribeiro está fuera del país desde 2022 y se encuentra en la clandestinidad debido a un proceso de presunta corrupción en su contra. Se cree que el exfutbolista reside actualmente en Brasil. Este caso ha generado una gran atención debido a las acusaciones de malversación de fondos públicos y la falta de transparencia en la adquisición de equipos que nunca se utilizaron para el beneficio de la comunidad.
