Siete denuncias, dos órdenes de aprehensión y cero procesos judiciales en curso. Ese es el saldo que acumula el expresidente Evo Morales frente a acusaciones de estupro, trata de personas, corrupción de menores y proxenetismo. A pesar de la gravedad de los cargos, no ha rendido cuentas ante la justicia. “Son una decena de delitos que solo la víctima puede iniciar”, justificó su abogado y ex fiscal general, Wilfredo Chávez, en una reciente conferencia de prensa.
Chávez, escudado por militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS), relativizó las denuncias. “La víctima, si no se siente víctima, no va a haber acción penal ni persecución penal”, declaró, en un discurso que evocó más a una distopía que a una defensa legal coherente. Mientras tanto, Morales permanece intocable en Chapare, su bastión sindical, donde opera rodeado por una estructura paraestatal.
Organizaciones como Mujeres Creando cuestionan el argumento de la “subjetividad” del sufrimiento. “El silencio de las víctimas no implica consentimiento, sino el peso del poder del agresor y su entorno”, explicó María Galindo, que denunció una cultura que convierte a las adolescentes en “ofrendas para el caudillo”. Bolivia, con más de 32.000 adolescentes unidas o casadas antes de los 15 años, según Save the Children, arrastra una deuda histórica con los derechos de niñas y mujeres.
Los casos en contra del líder cocalero incluyen una denuncia presentada por el Gobierno de Jeanine Áñez, que lo acusaba de haber embarazado a una menor de 15 años cuando él tenía 57. Sin embargo, esas causas fueron archivadas tras el retorno del MAS al poder en 2020. Desde entonces, las acusaciones resurgen solo cuando hay disputas internas o intereses electorales en juego.
Morales ha calificado las denuncias como una persecución política. En lugar de defenderse ante la justicia, insiste en que buscan “proscribir” su candidatura. La socióloga Sonia Montaño advierte: “Su conducta ha sido recurrentemente tramposa y violatoria de los principios constitucionales”. Pese a su retórica legalista, Morales evita a toda costa presentarse ante un tribunal.
El caso más reciente tuvo un giro abrupto cuando la jueza Lilian Moreno anuló una orden de aprehensión por trata agravada de personas, solo para ser detenida poco después, según denunció el mismo Morales. Para Galindo, esto es evidencia de un “criterio de corrupción judicial” que protege al expresidente con tal de no provocar una fractura social en el Trópico.
En efecto, Morales ha convertido el Chapare en un búnker político, con un aparato sindical que impide cualquier intento de aprehensión. La politóloga Natalia Aparicio advierte que el Gobierno mide fuerzas: “Una intervención en Chapare podría provocar un estallido social en plena época electoral. Y eso, saben, no les conviene”.
Este viernes 16 de mayo, una marcha de movimientos sociales llegará a La Paz para respaldar la candidatura de Morales, pese a su inhabilitación vigente por el Tribunal Constitucional. Las víctimas de abuso siguen en el olvido, invisibilizadas entre discursos, lealtades partidarias y una justicia que, lejos de actuar, negocia con el poder.
