El embarazo de una niña de 11 años en Yapacaní, Santa Cruz, producto de una violación, mostró posiciones encontradas sobre si debe abortar o no. Entre las posturas opuestas se encuentran las de Iglesia Católica, que se opone a la interrupción del embarazo, y de la Defensoría del Pueblo, que está de acuerdo con el aborto en este caso.
El fin de semana se informó del caso de la menor de 11 años que ya llevaba 21 semanas de embarazo y cuyo sospechoso de la violación era su abuelastro, quien ya fue detenido en el recinto penitenciario de Montero.
La representante de la Defensoría de la Niñez de Yapacaní, Silvia Suazo, informó que la menor de edad presenta 21 semanas de gestación y que está en el margen legal permitido, que establece la interrupción del embarazo hasta la semana 22 en casos de violación. Indicó incluso que la niña erea valorada en el hospital Percy Boland para llevar adelante el embarazo.
Sin embargo, ayer se informó que la familia de la niña decidió que continúe el embarazo. La abogada Giovanni Cabello, dijo que ya se había firmado un documento. “Esta fue una decisión expresada en la mañana y se encuentra inserta en la historia clínica, de manera que la maternidad y todo su equipo están procediendo conforme a la voluntad expresada por la familia», declaró a Unitel.
Al referirse a este caso, el vocero de la Iglesia Católica, Víctor Hugo Valda, sostuvo que se comprometen a brindar apoyo a la menor y a su bebé. Indicó que rechazan el aborto debido a que un crimen no se puede tapar con otro crimen.
Por su lado, la defensora del Pueblo interina, Nadia Cruz, señaló que la niña ya había tomado la decisión de interrumpir su embarazo, pero que grupos de iglesias ingresaron al centro de salud para “conversar y poder generar una suerte de presión en contra de ella y generar una suerte de condicionamiento en relación a la familia”.
“La Iglesia no puede mostrar un romanticismo en un caso de violencia sexual contra una niña de 11 años. No se puede hablar de amor cuando a esta niña la han vejado sexualmente por un familiar cercano y ahora quieren darle una connotación de amor y protección, no corresponde. Estos casos a nivel mundial son conocidos como casos de tortura, las niñas no pueden ser madres”, advirtió Cruz.
En materia legal, el exfiscal Joadel Bravo explicó que la Sentencia Constitucional 206/2014 no ordena, sino faculta a la víctima de una violación a ejercer el derecho al aborto. Para aplicar ese fallo en el caso de la niña, indicó que los padres o tutores de la menor deben decidir si se interrumpe o no el embarazo.
“En este caso, por tratarse de una menor de edad, debe ser el tutor o el responsable de la menor quien tome la decisión si la quiere llevar a un centro clínico”, declaró.
