![[APG] / Representantes de la prensa en una protesta](https://gacetadelsur.com/wp-content/uploads/2023/04/69.jpg)
La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados decidió eliminar el apartado del proyecto de Ley 305 que permitiría el enjuiciamiento de periodistas en la vía ordinaria sin respetar la Ley de Imprenta por presuntos casos de discriminación. La medida fue tomada después de que organizaciones e instituciones de la prensa boliviana protestaron en todo el país contra la intención de modificar el artículo 281 VII del Código Penal.
La disposición de ese artículo que alarmaba más a los periodistas era el parágrafo III porque indicaba que no se respetaría la Ley de Imprenta cuando el hecho sea cometido por una trabajadora o un trabajador de un medio de comunicación social, o propietario del mismo. Esto generó preocupaciones en el sector periodístico, ya que podrían ser enjuiciados sin tener la protección que les brinda la Ley de Imprenta.
El comunicado de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados declaró: “(Se declara la) supresión del Articulo 281 In Extenso del Proyecto de Ley 305/2023, ante el diálogo y coincidencia con los diferentes sectores, y de esta manera atender con prontitud las sugerencias comunes, siendo, respetuosos de los derechos y Garantías Constitucionales vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia”.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Magaly Gómez, aseguró que son garantes del resguardo de los derechos garantías constitucionales y del respeto a las libertades de prensa y expresión. También mencionó que, después de escuchar diferentes diálogos y en el tratamiento preliminar, se decidió suprimir el artículo 281 in extenso del proyecto de ley 305/2023.
La eliminación del apartado fue una medida importante para el sector periodístico boliviano, que había protestado en todo el país contra la modificación del artículo 281 VII del Código Penal. Según la disposición del proyecto de ley, se establecería una pena de cárcel de 3 a 7 años a la persona que por cualquier medio difunda ideas basadas en la superioridad racial, promueva o justifique el racismo, pronuncie o difunda discursos de odio fundados en motivos racistas o discriminatorios, incite a la violencia o a la persecución de personas o grupos de personas por motivos racistas o discriminatorios.
Esta medida muestra la importancia de la defensa de las libertades de prensa y expresión en Bolivia y la necesidad de respetar las garantías constitucionales para todos los ciudadanos. Como dijo Magaly Gómez, los derechos y garantías constitucionales deben ser respetados en todo momento.
