Tras una audiencia de medidas cautelares que se extendió hasta la noche del sábado en la localidad de Llallagua, el Juzgado de Instrucción Penal 1 de Potosí determinó detención preventiva para el exlíder cívico potosino Marco Pumari, medida que deberá ser cumplida en el penal de San Miguel de Uncía por el lapso de seis meses.
La medida fue adoptada por el juez Raúl Arnold Barriga mientras se sustancie el proceso que fue instaurado en su contra por la supuesta comisión del delito de “obstaculización de procesos electorales”, establecido como tal en el inciso h) del artículo 283 de la Ley 026 del Régimen Electoral.
Asimismo, determinó que la audiencia de medidas cautelares se realice en Llallagua, provincia Rafael Bustillo del Departamento de Potosí. El argumento para el traslado de la sede de la audiencia fue que en Potosí no existía suficiente personal policial, a pesar de que entre el jueves y viernes llegaron 2.000 policías de seis departamentos del país.
En tanto, el denominado Bloque de Unidad, conformado por las dos fuerzas de oposición con representación en la ALP, Conade y plataformas ciudadanas denunciaron que el gobierno del MAS ejecuta un plan de revancha, represión y persecución política judicial en contra de líderes cívicos, sociales y políticos a los que responsabiliza de su fracaso al tratar de imponer por la fuerza algunas leyes consideradas malditas por el pueblo boliviano.
De esta forma se declaró un estado de emergencia, movilización y acción pacífica permanente.
El expresidente Carlos Mesa condenó el traslado de Pumari hasta el lugar de su audiencia y pidió una inmediata intervención de organismos internacionales. “El traslado arbitrario a Llallagua para que operadores masistas de justicia decidan su prisión sin testigos, vulnera abiertamente la Ley y los derechos humanos, pone en riesgo su integridad”, sostuvo.
Por su parte, el diputado Marcelo Pedrazas, expresó cuestionamientos a los argumentos presentados por la Fiscalía para proceder con la aprehensión del excandidato a la vicepresidencia.
Al respecto, el diputado por la alianza Creemos, Sergio Maniguary, responsabilizó al presidente del Estado, Luis Arce, por la vida del líder potosino ante la violación sus derechos constitucionales y las leyes nacionales.
Desde el Ministerio Público se insiste en que la aprehensión de Pumari respeta el debido proceso “Conlleva la investigación de varios tipos penales, desde el deterioro de los bienes del Estado, allanamiento, robo agravado, también lo último que se ha dado es la obstaculización en temas electorales”, sostuvo la fiscal departamental de Potosí, Roxana Choque.
