La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Esther Sánchez, denunció este viernes que la cooperativa minera «Azulejos de Esmoraca» contaminó el río San Juan del Oro en el municipio de El Puente, Tarija, tras un derrame de desechos mineros desde Potosí. Según Sánchez, esta empresa operaba sin una licencia ambiental, un permiso que debería haber sido requerido por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) regional Tupiza, que autorizó su funcionamiento.
«La AJAM es cómplice en este desastre ambiental. Emitieron un contrato de trabajo minero a la cooperativa aurífera sin la licencia ambiental correspondiente», afirmó la diputada Sánchez. «No quiero pensar que las certificaciones se entregan como si fueran caramelos», añadió, cuestionando la legalidad del procedimiento seguido por las autoridades.
El derrame, que ocurrió en julio pasado, afectó primero al río Esmoraca en Potosí y posteriormente al río San Juan del Oro en Tarija, contaminando las aguas y causando un impacto negativo en la agricultura y la ganadería locales. «Este tipo de contaminación afecta directamente la vida de las comunidades, su economía y su salud», señaló Sánchez.
Un documento presentado por Sánchez revela que Andrés Pérez, entonces director regional de AJAM en Tupiza, emitió la certificación de trabajo minero para «Azulejos de Esmoraca» en octubre de 2023, a pesar de no contar con la licencia ambiental. «Este contrato tenía vigencia hasta marzo de 2024, pero la falta de control permitió que se produjera este desastre», indicó.
La diputada también acusó a la Gobernación de Potosí de no haber alertado sobre las irregularidades durante una inspección realizada en enero. «La Gobernación también es responsable. No hicieron su trabajo y permitieron que esta situación empeorara», afirmó Sánchez.
En respuesta a la crisis, el 23 de julio, una comitiva de 12 representantes de diversas instituciones ambientales inspeccionó nuevamente la cooperativa minera y confirmó la ausencia de la licencia ambiental, a pesar del derrame ocurrido apenas dos días antes. «Esto solo muestra la falta de seriedad con la que se están manejando estos temas», expresó la parlamentaria.
Sánchez anunció que una comisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) viajará próximamente a la zona afectada para verificar si la cooperativa continúa operando ilegalmente y evaluar el verdadero impacto ambiental del derrame. «Es fundamental que se tomen acciones concretas y que los responsables sean sancionados como corresponde», concluyó.
